FGR ignoraba que piloto de Los Chapitos llevó a Zambada a EU

Detalles del caso

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California reportó la detención de tres menores de edad como presuntos responsables del homicidio de un conductor de la plataforma Didi en Mexicali. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de julio.

Según el comunicado oficial, una adolescente de 16 años solicitó el servicio de transporte para trasladarse del fraccionamiento Villaverde a la colonia Satélite. Durante el trayecto, también abordaron su hermano de 15 años y otro adolescente de 13 años.

En el camino, el conductor fue atacado con un arma de fuego. Recibió un impacto en la cabeza que le causó la muerte. Los presuntos responsables trasladaron el cuerpo a las inmediaciones del fraccionamiento Villas del Colorado, donde le prendieron fuego para ocultar la evidencia.

Posteriormente, huyeron a bordo del vehículo de la víctima. Horas más tarde, agentes estatales localizaron e interceptaron el automóvil cerca de la colonia Conjunto Urbano Universitario.

Acciones legales y evidencias

La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, informó que los jóvenes enfrentan cargos por homicidio calificado con alevosía y ventaja, robo de vehículo, y delitos relacionados con inhumación y exhumación de cadáveres.

La víctima era un militar retirado que trabajaba como conductor para generar ingresos. Según la fiscal, “el móvil del crimen es el robo del vehículo”, y se investiga si el arma utilizada está vinculada a otros delitos.

Uno de los elementos clave es un video grabado por los propios menores con un celular, que documenta los hechos. La Fiscalía lo considera una evidencia contundente.

A los adolescentes se les aplicará la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Las penas máximas van de tres a cinco años, dependiendo de la edad y la participación de cada uno.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. El objetivo: cero impunidad y una investigación uniforme en todas las fiscalías del país.

Detalles de la iniciativa

En su conferencia mañanera del 15 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que este delito representa la peor forma de discriminación y violencia contra las mujeres.

“El peor delito de violencia contra las mujeres… es la muerte, el feminicidio, que significa privar de la vida a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Es un delito de odio.”

Reconoció que en algunas fiscalías aún se cataloga como suicidio cuando los indicios apuntan a un familiar directo. La ley busca evitar esa clasificación errónea y garantizar que todas las fiscalías trabajen con el mismo estándar.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, explicó que se homologa el tipo penal: “comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razón de género”. Se establecen 10 razones de género, entre ellas signos de violencia sexual, antecedentes de violencia y contextos de asimetría de poder.

La pena será de 50 a 70 años de prisión en todo el país, con 19 agravantes que incluyen cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, embarazada, con discapacidad, periodista o defensora de derechos humanos. También se contempla la pérdida de derechos sucesorios, tutela y patria potestad, así como destitución e inhabilitación para servidores públicos.

Sanciones y protocolos

Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, indicó que la iniciativa establece protocolos homologados con perspectiva de género, debida diligencia reforzada y preservación de indicios. Las fiscalías especializadas deberán intervenir en todas las etapas del proceso penal.

Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia, destacó que la ley garantiza a las víctimas acceso a la verdad, justicia y atención médica y psicológica de urgencia. La reparación integral del daño será transformadora, adecuada y rápida, con énfasis en hijas e hijos de las víctimas.

La iniciativa será enviada al Congreso para su discusión y aprobación.

Claudia Sheinbaum afirmó que la entrega del presunto piloto relacionado con Ismael “El Mayo” Zambada se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el detenido ocultó su identidad al ser capturado.

Los hechos

El hombre fue detenido el 8 de febrero en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, tras un enfrentamiento armado entre fuerzas federales e integrantes del crimen organizado. En el suceso falleció un militar y cinco más resultaron heridos.

Al ser presentado ante el Ministerio Público, se identificó con un nombre falso. Pruebas periciales posteriores establecieron su verdadera identidad. Fue vinculado a proceso por varios delitos y señalado como integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa.

En agosto, fue entregado a Estados Unidos junto con otros 25 delincuentes considerados de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional. No fue sino hasta junio cuando la actual administración de la FGR encontró en las carpetas de investigación indicios de coincidencia de voz y huellas dactilares que lo relacionan con el piloto que trasladó a Zambada el 25 de julio.

Postura presidencial

Sheinbaum defendió la actuación del Consejo de Seguridad Nacional. Afirmó:

“La entrega de estos delincuentes a Estados Unidos por parte del Consejo Nacional de Seguridad se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional”.

Explicó que el Gabinete de Seguridad realizó un análisis exhaustivo del perfil de cada enviado y del riesgo que representaban para el país. “La decisión que toma el Consejo es para la protección de México”, señaló.

La presidenta indicó que, según la FGR, al momento de la entrega las autoridades desconocían que el detenido era el piloto involucrado. “Se entiende que hasta ese momento no se sabía que era el piloto”, concluyó.