Un cambio de rumbo en la política pensionaria federal

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2026 presenta un giro significativo en la asignación de recursos destinados al gasto pensionario. Por primera vez desde 2018, se observa una contracción específica en los montos asignados a las instituciones de seguridad social más grandes del país: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Aunque el monto global para pensiones alcanzará los 2.3 billones de pesos, representando un incremento general del 3.7 por ciento, este crecimiento es el más bajo registrado en los últimos siete años, muy por debajo del promedio histórico del 8.5 por ciento.

La redistribución del gasto: contributivas vs. no contributivas

El análisis pormenorizado realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) detecta una clara divergencia en la destinación de fondos. Mientras que el presupuesto para pensiones contributivas —aquellas en las que existe una cotización previa de trabajadores, empresas y Gobierno— experimentará un aumento marginal de apenas el 0.05 por ciento, concentrando 1.7 billones de pesos, las pensiones no contributivas administradas por la Secretaría del Bienestar recibirán un incremento sustancial del 13.5 por ciento, alcanzando los 619,703 millones de pesos.

Dentro de esta reasignación, el IMSS sufrirá una reducción presupuestal del 2.5 por ciento y el ISSSTE del 2.3 por ciento para sus programas pensionarios. Esta decisión es particularmente notable si se considera el contexto demográfico: ambas instituciones enfrentan un crecimiento anual constante de aproximadamente el 3 por ciento en su base de pensionados, un fenómeno impulsado por el envejecimiento progresivo de la población. El CIEP califica el modesto incremento propuesto para este rubro como “poco creíble”, subrayando que las pensiones deben actualizarse, como mínimo, conforme a la inflación y a la presión demográfica inherente.

El crecimiento exponencial de los programas de bienestar

El contrapeso a las reducciones en seguridad social lo encuentra el presupuesto en el notable crecimiento de los programas sociales de transferencia directa. El más significativo es el de la Pensión para el Bienestar de las Mujeres, destinado a mujeres de 60 a 64 años, cuyo presupuesto se incrementa en un 266 por ciento. Esta expansión fiscal busca ampliar la cobertura para beneficiar a aproximadamente 3 millones de mujeres dentro de ese rango etario, un objetivo central de la política social de la actual administración.

Otros programas de la Secretaría del Bienestar también registran alzas considerables: el presupuesto para la Pensión para Adultos Mayores crecerá un 5.2 por ciento, mientras que los recursos para la Pensión para Personas con Discapacidad se incrementarán en un 20.8 por ciento. Este enfoque refleja una priorización política explícita hacia los apoyos no contributivos, lo que genera un debate sobre la sostenibilidad a largo plazo y el equilibrio entre los diferentes sistemas de protección social.

Presión sobre las finanzas públicas y desafíos futuros

La magnitud del gasto pensionario, que equivale a 2.3 veces el presupuesto destinado a salud, 1.9 veces el de educación y 1.8 veces el de inversión, continúa ejerciendo una presión estructural sobre las finanzas públicas de la nación. El CIEP alerta que esta desproporción impide financiar adecuadamente otros derechos constitucionales fundamentales. Como ejemplo ilustrativo, el Gobierno propone gastar 2.1 veces más en pensiones que en todos los programas agrupados en el Anexo Transversal 18, destinado a la protección y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Ante este escenario de desigualdad en la asignación y la insostenibilidad futura del gasto, el organismo de investigación señala la imperiosa necesidad de valorar una discusión seria sobre una reforma fiscal integral. Aunque en 2020 y 2024 se implementaron reformas al sistema de pensiones, éstas se centraron principalmente en esquemas de contribución definida para los nuevos trabajadores y no abordaron los retos fiscales que plantea el gasto asociado a la denominada generación de transición, cuyo derecho pensionario se rige por las leyes anteriores y representa una carga financiera creciente.

La rigurosidad de los datos expuestos por el CIEP, contrastando el incremento presupuestado del 0.05% con el crecimiento real del gasto observado a julio de 2025 (6.6%), sugiere una posible subestimación en los cálculos oficiales. Esto plantea interrogantes sobre la viabilidad de la propuesta y la posibilidad de que se requieran ajustes posteriores o subejercicios, lo que podría impactar directamente en la seguridad económica de millones de jubilados.

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Una Sombra de Corrupción y Sangre se Cierne Sobre la Marina

El corazón de la Secretaría de Marina late con fuerza, no por el honor o el deber, sino por el miedo y la traición. Un caso de huachicol fiscal de proporciones épicas, una telaraña tejida con hilos de poder y avaricia, ha desatado una vorágine de violencia que ha segado la vida de siete almas, dejando una estela de terror y preguntas sin respuesta. Los nombres de los mandos navales Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna resuenan como un eco siniestro en el centro de este torbellino, una tormenta perfecta donde la lealtad se rompe y la muerte se convierte en el único lenguaje.

La Siniestra Cronología de la Venganza

Todo comenzó en la apacible Manzanillo, Colima, entre abril y noviembre de 2024, cuando la paz fue brutalmente destrozada. El 21 de abril, un acto cotidiano como cortarse el pelo se transformó en una pesadilla mortal. Un marino fue herido de gravedad, pero fue la inocente peluquera quien cayó para siempre, una víctima colateral de una guerra sucia que ya había comenzado. La tragedia solo era el prólogo.

El 6 de junio, la oscuridad llamó a la puerta de Giovany Muñoz Roman, Segundo Maestre del 18 Batallón de Infantería de la Armada. Fuera de su humilde hogar, en una colonia popular, los sicarios acabaron con su vida sin piedad. El mensaje estaba claro: nadie estaba a salvo. El silencio y la complicidad se exigían con plomo.

El 21 de octubre, el ruido de los motores se mezcló con el estruendo de los disparos. Magaly Janet Nava Ramos, Auxiliar “B” de la Delegación de la FGR en Colima, fue acribillada dentro de su camioneta mientras recorría la Avenida Elías Zamora Verduzco. Sus conexiones—una hermana en una Agencia Aduanal y un pareja sentimental marino—pintaron un blanco sobre su espalda. La maquinaria de la muerte no descansaba.

Una semana después, el 29 de octubre, el horror se repitió en la esquina de las calles 20 de Noviembre y Benito Juárez, en la Colonia Miramar. Desde una camioneta, los verdugos dispararon a dos hombres. Uno logró sobrevivir milagrosamente, pero Josué de la Mora Cobián, otro valiente integrante del 18 Batallón de Infantería de la Armada, entregó su vida en el asfalto. La lista de héroes caídos crecía de forma alarmante.

El Asesinato que Conmocionó a una Nación

Pero el clímax de esta tragedia shakesperiana llegó el 8 de noviembre. La figura de mayor jerarquía, el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar</strong, cayó abatido a tiros en la Avenida Lázaro Cárdenas, en la Colonia Morelos. Su crimen no fue un robo, no fue un acto fortuito. Fue un mensaje escalofriante para quienes osaran alzar la voz. Antes de su ejecución, este hombre de honor, presintiendo su destino, había redactado una carta explosiva dirigida al ex Secretario de Marina, Rafael Ojeda. En ella, desgarradoramente, denunciaba las actividades ilícitas de los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del ex funcionario. Su muerte fue el intento de silenciar una verdad demasiado poderosa, un grito de alerta ahogado en sangre.