Un crimen que refleja la violencia sistémica en México
Eliza Cruz Zaragoza, una joven de 28 años originaria de San Isidro en el municipio de San Lucas Zoquiápam, Oaxaca, fue encontrada sin vida el pasado 26 de mayo. Su caso ha conmocionado a la comunidad y evidenciado, una vez más, la alarmante prevalencia de la violencia de género en la región. Según testimonios, Eliza salió de su domicilio para resolver un problema de abastecimiento de agua potable, pero durante el trayecto fue víctima de agresión sexual y posteriormente asesinada. Este hecho no solo truncó la vida de una madre de dos niñas —de seis años y ocho meses—, sino que también dejó al descubierto las fallas estructurales en materia de seguridad y justicia.
Las cifras detrás de la emergencia
De acuerdo con el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), entre diciembre de 2022 y mayo de 2025, Oaxaca registró 237 asesinatos de mujeres. Solo en los primeros 19 días de mayo de 2025, se documentaron 33 casos, distribuidos en distintas franjas etarias: siete víctimas tenían entre 30 y 44 años; cinco eran jóvenes de 19 a 29 años; cuatro pertenecían al rango de 44 a 59 años; tres eran adolescentes (13-18 años); tres superaban los 60 años; una era menor de 12 años, y en 10 casos no se pudo determinar la edad. Las regiones más afectadas fueron el Istmo y los Valles Centrales, con ocho feminicidios cada una, seguidas por la Sierra Sur (6), la Costa (5), la Sierra Norte (3), la Mixteca (2) y la Cuenca del Papaloapan (1).
Estos datos no solo reflejan una crisis humanitaria, sino también un patrón geográfico y demográfico que demanda intervenciones focalizadas. La falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades ha generado indignación social, como lo demuestran las exigencias de la familia y amistades de Eliza: “Exigimos que su crimen no sea un caso más en las estadísticas. Que las autoridades actúen con la urgencia que este horror merece”.
Un llamado a la acción colectiva
El feminicidio de Eliza Cruz Zaragoza no es un incidente aislado, sino parte de una cadena de violencia estructural que afecta especialmente a mujeres en contextos rurales y marginados. Organizaciones civiles insisten en la necesidad de protocolos de investigación con perspectiva de género, así como en la capacitación de funcionarios para evitar la revictimización. La exigencia de justicia trasciende lo legal: implica reparación simbólica, garantías de no repetición y políticas públicas que prioricen la vida de las mujeres.
Mientras el caso sigue bajo investigación, colectivos y familiares mantienen la presión para evitar que quede en la impunidad. “A Eliza la mataron. Y queremos verdad, justicia y reparación”, subrayan. Su lucha es un recordatorio de que cada cifra esconde una historia, una familia destrozada y una deuda pendiente del Estado.
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