Nacional
Diputados reducen penas a funcionarios por extorsión
Una polémica modificación legal genera críticas por beneficiar a funcionarios y desata un debate sobre la impunidad en casos de corrupción.
 
																								
												
												
											El ‘update’ legal que nadie pidió pero que algunos ya disfrutan
Pónganse cómodos, que nuestra Cámara de Diputados nos acaba de dar un masterclass en cómo suavizar las consecuencias para los que deberían estar aplicando la ley. En una jugada que ha dejado a más de uno con el ceño fruncido, el pleno aprobó por abrumadora mayoría –339 votos a favor, para ser exactos– modificar la Ley contra la Extorsión para, atención, reducir la condena de los funcionarios públicos que, sabiendo de un delito de extorsión, deciden hacerse de la vista gorda. Básicamente, es como si en lugar de expulsarte por copiar en un examen, el profesor te bajara la nota solo un poquito. La minuta de esta joya legislativa ya fue enviada al Senado de la República para su siguiente trámite, porque lo bueno se comparte.
La versión original de la ley, que parece que era demasiado hardcore para algunos, establecía una pena de 10 a 20 años de prisión. Con este nuevo y mejorado parche, la condena para los servidores públicos con atribuciones para investigar y perseguir este delito (y que misteriosamente no lo hagan) se reduce a un más amigable rango de cinco a 12 años. Una ganga, si lo piensas bien.
El debate en la tribuna: Justicia proporcional o tráfico de influencias
El autor intelectual de esta reserva fue nada más y nada menos que el diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena. Su argumento, que presentó con la seriedad de un unboxing de un producto milagroso, fue que se trata de una “adecuación” para que las penas sean proporcionales. En sus propias palabras: “Porque no se le puede aplicar una pena mayor, de 10 a 20 años al funcionario que no informa, frente al que es extorsionador”. O sea, según esta lógica, el que no pone el alto el delito es casi menos culpable que el que lo comete. Toma nota.
Pero como en todo buen drama, hubo una oposición. Los diputados del PAN no se tragaron el cuento y acusaron a Morena de tener un sponsor oculto para esta reforma: beneficiar al ex secretario de seguridad pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, vinculado a un caso de extorsión durante la administración del senador Adán Augusto López. El diputado David Azuara lo soltó sin anestesia en tribuna: “Esto es una reforma política que tiene nombre, tiene apellido… para Hernán Bermúdez, ¿o no?”. Un guion que ni las mejores series de corrupción en streaming.
Mientras tanto, la mayoría de Morena y sus aliados, haciendo gala de su poder de votación, avalaron la reducción. Para rematar el shitstorm legislativo, el vicecoordinador panista, Héctor Saúl Téllez, denunció que esta misma ley, aprobada por unanimidad en lo general, también incluye artículos que censuran a medios de comunicación y periodistas. Porque ¿qué sería de una reforma controversial sin un poco de censura de regalo?
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Nacional
El Senado debate el presupuesto federal para 2026
El debate en el Senado revela posturas divididas sobre el manejo de las finanzas públicas y el destino de billones de pesos.
 
														El circo de los 10.1 billones: Así arrancó el debate
Con una puntualidad que solo brilla cuando se trata de gastar el dinero de todos, nuestro ilustre Senado de la República ha iniciado, en un miércoles cualquiera, la discusión de la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación para 2026. La cifra en juego es tan obscenamente grande que casi duele pronunciarla: 10.1 billones de pesos. Sí, billones con ‘b’ de ‘bueno, a ver en qué lo gastan esta vez’. Parece que cerrar el paquete de ingresos se ha convertido en una carrera contra el reloj, una especie de reality show legislativo donde los participantes deben aprobar leyes antes de que suene la campana el 31 de octubre. Qué conveniente que la fecha límite coincida con una festividad donde se reparten dulces, ¿no les parece?
El presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes, con la solemnidad de un notario, presentó el proyecto ante el Pleno. Entre sus declaraciones, destacó que el marco macroeconómico contiene “estimaciones prudentes“. Porque, claro, ¿qué hay más prudente que manejar billones? Mientras tanto, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, desde su comisión, nos iluminó con la perla de que de esta ley “saldrá el dinero para costear la vida de la Nación“. Una revelación trascendental, realmente. Hasta ahora pensábamos que el dinero para “costear la vida” salía de un árbol mágico en los patios de Palacio Nacional.
El desfile de las posturas: A favor, en contra y los que piden tiempo extra
El espectáculo no defraudó. Para abrir el apetito, la senadora Claudia Anaya del PRI intentó una jugada maestra: una moción de suspensión argumentando un “subregistro del déficit“. Una idea tan revolucionaria como pedirle a un niño que posponga abrir sus regalos de Navidad. Como era de esperar en este teatro bien ensayado, la moción no fue admitida. El sistema prefiere seguir su guion sin improvisaciones incómodas.
Luego llegó el turno de las declaraciones de principios, esas que todos esperamos para saber quién es el héroe y quién el villano de la temporada. Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, adelantó que su bancada votará en contra. Su argumento: la ley “profundizará las desigualdades” y manda “señales de privilegios“. Una postura valiente, sin duda, en un escenario donde a menudo prima la lealtad al color del partido sobre la coherencia. Exigió una LIF que no “drene la actividad económica”. Alguien debería explicarle que drenar parece ser el deporte nacional favorito en materia de finanzas públicas.
En la esquina del “sí, pero con cara de preocupación“, el Partido Verde se pronunció a favor. Su senador, Waldo Fernández, salió a vender la moto asegurando que se propone un “endeudamiento prudente y responsable“. ¿Endeudamiento prudente? Suena como “dieta saludable a base de pastel de chocolate”. Es uno de esos oxímorons que solo florecen en el fértil suelo de la política. El PT, por su parte, a través de Alejandro González Yáñez, apoyó el dictamen afirmando que los ingresos tienen “bases sólidas“. Y, en un arranque de optimismo que roza la fantasía, profetizó que las cifras de pobreza “seguirán mejorando” gracias al incremento salarial por anunciar. “Vamos a seguir rescatando a más mexicanos de la pobreza“, declaró con convicción. Uno no puede evitar preguntarse si ese “rescate” viene con grúa o se hace con varita mágica.
Para cerrar con broche de oro (o de latón, según se mire), el PAN, con Gustavo Sánchez, anunció su voto en contra. Su acusación fue directa: se está endeudando al país con 1.8 billones de pesos, no para inversión productiva, sino para “pagar los intereses de la deuda del gobierno anterior“. Es el clásico “el otro lo dejó peor” que sirve de comodín en cualquier discusión presupuestaria. Un ciclo infinito de culpas y nuevos préstamos para tapar agujeros viejos.
Mientras los senadores debaten el destino de billones, la ciudadanía observa, con una mezcla de escepticismo y resignación, cómo se decide el rumbo económico del país entre mociones, posicionamientos y promesas. El verdadero resultado, como siempre, lo veremos no en el papel, sino en la realidad de los bolsillos de los mexicanos.
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Nacional
México exige en la ONU el fin del bloqueo estadounidense a Cuba
La comunidad internacional se pronuncia con una abrumadora mayoría a favor del levantamiento de las sanciones, en una sesión histórica.
 
														Postura Diplomática de México ante el Bloqueo Cubano
En un ejercicio de diplomacia multilateral consecuente, el Estado mexicano reiteró su firme postura de solidaridad con la nación cubana durante la más reciente sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este pronunciamiento se enmarca en la aprobación de la resolución anual que demanda el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América a Cuba, una política coercitiva unilateral que se ha mantenido vigente desde la década de 1960. La posición de México no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tradición de política exterior basada en los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención.
El embajador y representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, fue el encargado de articular la postura nacional con un discurso fundamentado en el derecho internacional público. Vasconcelos recalcó la necesidad urgente de terminar con este cerco, argumentando que “México abogará siempre por la solución pacífica de las controversias y, por ello, rechaza las sanciones y los bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones ni de paz ni de prosperidad”. Subrayó además que el pueblo cubano merece un futuro alentador, desvinculado de decisiones tomadas en un contexto histórico, político y económico ya superado.
Fundamento Jurídico y Apoyo Mayoritario
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), bajo la dirección del canciller Juan Ramón de la Fuente, precisó el sustento legal de la postura mexicana. La institución manifestó explícitamente que no deben existir sanciones de ninguna índole fuera de las que adopte exclusivamente el Consejo de Seguridad de la ONU, actuando en estricto apego al marco jurídico internacional y al multilateralismo como pilar de la convivencia global. Este posicionamiento se alinea con una de las votaciones más recurrentes y simbólicas dentro del organismo internacional.
La resolución, presentada de manera casi ininterrumpida desde 1992, fue aprobada con una mayoría abrumadora de 165 votos a favor, entre los que se cuenta el de México. Si bien este respaldo es significativo, un análisis comparativo de los datos históricos revela que el número de apoyos ha experimentado una ligera disminución en relación con años anteriores, donde la cifra solía rondar los 190 Estados miembros. En la oposición se registraron 7 votos en contra, encabezados por Estados Unidos, Israel, Ucrania, Argentina y Paraguay, junto con 12 abstenciones que reflejan la compleja geopolítica contemporánea.
Repercusiones y Movilización Social
La resonancia de este evento diplomático trascendió las salas de Naciones Unidas y generó una inmediata reacción entre la comunidad cubana residente en México y organizaciones de la sociedad civil. El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba catalogó el resultado como una nueva victoria política para la isla, destacando que las presiones ejercidas por el gobierno estadounidense sobre otras naciones para modificar su sentido de voto resultaron infructuosas. Esta percepción de triunfo se vio reforzada por manifestaciones públicas previas a la votación.
Un día antes de la sesión en la ONU, aproximadamente cincuenta personas, incluyendo representantes del Partido Comunista y del Partido Popular y Socialista, se congregaron frente a la embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México. Portando banderas de Cuba y Palestina, los manifestantes corearon consignas como “¡Cuba sí, bloqueo no!” y calificaron la medida como “criminal, unilateral y genocida”. Paul Luna Hidalgo, representante de la Unidad de las Izquierdas en México, argumentó que “tumbar el bloqueo es imperativo, humano y ético”, insistiendo en que el término “embargo” es un eufemismo que oculta una cruel realidad de guerra económica en tiempos de paz. Durante la protesta, también se expresó solidaridad con Venezuela y se rechazó la inclusión de Cuba en listas internacionales de países patrocinadores del terrorismo.
Este episodio diplomático evidencia la persistencia de un conflicto geopolítico de larga data y la efectividad de las alianzas internacionales para mantener la presión sobre una política considerada anacrónica por la mayoría de la comunidad mundial. La abrumadora votación, a pesar de las fluctuaciones, confirma que el aislamiento de Cuba sigue siendo un tema de división profunda y un punto central en la agenda de la política exterior de América Latina y de actores globales comprometidos con un orden internacional basado en normas.
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Nacional
Jonathan Orozco es liberado tras acuerdo por accidente vial
El exportero enfrentó la justicia por un incidente de tránsito ocurrido hace dos años, culminando con una solución legal.
Detención y Resolución Legal del Exportero Jonathan Orozco
El reconocido exportero de los clubes Santos Laguna y Monterrey, Jonathan Orozco, fue detenido la noche del martes en la ciudad de Torreón, Coahuila, recuperando su libertad durante la jornada del miércoles después de concretar un acuerdo reparatorio con la parte afectada. Este procedimiento legal pone punto final a una investigación por un incidente de tráfico ocurrido hace aproximadamente dos años.
De acuerdo con la información oficial proporcionada por Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía de Coahuila en la región de La Laguna, la aprehensión se ejecutó tras cumplimentar una orden judicial activa. Los cargos que motivaron la detención del antiguo guardameta fueron por los delitos de lesiones y daños en propiedad ajena. La carpeta de investigación de la cual derivaron estos cargos se originó a raíz de una denuncia interpuesta por la persona perjudicada.
Circunstancias del Incidente y Proceso Judicial
La aprehensión física del atleta se llevó a cabo alrededor de las 20:40 horas en la carretera Torreón-San Pedro, específicamente en las inmediaciones del complejo conocido como Territorio Santos Modelo (TSM). El hecho que desencadenó todo el proceso legal fue un accidente de tránsito del cual Orozco estuvo involucrado. La querella presentada lo señaló por los delitos de lesiones leves extendidas y daños a propiedad ajena por una cuantía considerada mayor. Es relevante destacar que ambos ilícitos fueron categorizados como cometidos de manera culposa, es decir, sin intención deliberada, pero con la agravante de haberse presuntamente realizado en estado de ebriedad.
Tras su detención, el exportero permaneció bajo custodia en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Torreón durante la noche. Al día siguiente, fue presentado ante un juez de control para la audiencia inicial correspondiente. En este acto procesal, se llevaron a cabo tres pasos fundamentales: se le formuló la imputación de los cargos, se decretó su vinculación a proceso y, finalmente, se logró un acuerdo de reparación del daño entre las partes involucradas.
La figura del acuerdo reparatorio es un mecanismo jurídico que permite resolver un conflicto penal sin necesidad de llegar a una sentencia condenatoria, siempre que se cumplan ciertos requisitos y se compense integralmente a la víctima. La confirmación de su libertad fue emitida por el propio delegado Carlos Rangel, quien explicó que, una vez finalizada la audiencia y habiéndose cumplido con lo establecido en el convenio, Orozco quedó en plena libertad, concluyendo así este capítulo en su historial legal.
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