La obra que se convirtió en un pozo sin fondo

Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador del PAN en Diputados, acaba de soltar una bomba sobre el Tren Interurbano Toluca-Ciudad de México. Y cuando digo bomba, hablo de números que duelen: un encarecimiento cercano al 250% y un retraso de doce largos años. Para él, la receta es clara: mala planeación, corrupción y opacidad.

“Exigió que se aclare el destino de esos recursos públicos”, señaló el legislador.

Pero esto no es solo una denuncia al aire. Téllez tiene munición pesada: las observaciones graves de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que suman más de 5 mil 600 millones de pesos. Dinero que, según su versión, sigue sin tener una explicación clara.

Una responsabilidad que atraviesa sexenios

Aquí viene lo jugoso. El diputado no apunta a un solo gobierno. Extiende la culpa como una mancha de aceite sobre tres administraciones: Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Su argumento es contundente: se trata de una obra que pasó por distintos periodos sin que nadie asumiera el costo político—ni económico—de la falta de transparencia. Por eso su llamado es directo a Hacienda y a la SICT: presenten un informe detallado. Ya basta de opacidad.

La imagen que queda es la de un proyecto fantasma, un tren que prometió conectar pero que terminó descarrilado por las malas prácticas. El teatro político tiene un nuevo acto, y el escenario está lleno de preguntas sin responder.

El privilegio que no todos tienen

Siete presidentes municipales de Campeche acaban de poner el dedo en la llaga. Rechazaron de plano la reinstalación del fuero para legisladores y servidores públicos que el Congreso estatal aprobó este lunes. En un desplegado, los ediles fueron claros: esta medida debilita la igualdad ante la ley, la transparencia y alimenta esa vieja conocida, la percepción de impunidad.

La memoria histórica que incomoda

Los alcaldes no se anduvieron con rodeos. Recordaron que figuras como AMLO y Claudia Sheinbaum han promovido eliminar el fuero, no restaurarlo. Citando a la presidenta, preguntaron lo obvio:

“Yo no tengo fuero, ¿por qué ellos sí?”

Una pregunta que resuena con ironía quirúrgica en el actual contexto.

El conflicto viene cocinándose desde hace meses. Todo empezó con la propuesta de Ley de Ingresos 2026 que incluía un endeudamiento millonario. La postura crítica del entonces presidente del Congreso, José Antonio Jiménez Gutiérrez, generó tensiones con la gobernadora Layda Sansores.

Lo que siguió fue el clásico guion de acusaciones cruzadas. Los diputados de Morena desmintieron un supuesto intento de detención contra Jiménez Gutiérrez, llamándolo “una embestida para desestabilizar”. Pero los números no mienten: solo seis legisladores morenistas respaldaron a Sansores.

El resto de la bancada y otros partidos votaron en contra. La división interna quedó al descubierto, tan evidente como incómoda.

Mientras los alcaldes se pronuncian contra este retroceso, el Congreso ya dio el sí. La controversia sigue abierta, planteando ese dilema eterno: ¿hasta dónde llegan los privilegios legales de quienes deberían servir al público?

La respuesta, por ahora, huele más a vieja política que a rendición de cuentas.

El telón se abre para el acto más crucial del T-MEC

El escenario está listo. México, Estados Unidos y Canadá preparan lo que podría ser la revisión más significativa del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá desde su entrada en vigor. Las modificaciones propuestas, algunas planteadas desde el primer mandato de Donald Trump, no son meros ajustes técnicos. Son cambios estructurales que tocarán nervios sensibles.

Kenneth Smith Ramos, quien estuvo al frente de la negociación original, lo explica sin rodeos:

“La revisión también podría tocar la estacionalidad comercial, los minerales críticos y la cláusula anti-China.”

Aquí está el detalle crucial: si los cambios son sustanciales, necesitarán el visto bueno de los tres congresos nacionales. Si son menores, bastarán memorándums o cartas paralelas. Pero en política comercial, pocas cosas son realmente ‘menores’.

Dos caminos, un destino incierto

Los expertos pintan dos escenarios posibles sobre la mesa de negociación. El primero: una “reapertura exitosa” que extienda la vigencia del tratado por 16 años más. El segundo: una “revisión recurrente” anual hasta 2036, un calvario de permanente incertidumbre.

Smith Ramos advierte con claridad meridiana:

“La incertidumbre persistirá, ya que incluso con negociaciones en curso, decisiones unilaterales podrían afectar los compromisos previamente acordados.”

Traducción: aunque firmemos papeles, cualquier gobierno podría cambiar las reglas mañana. ¿Cómo planean inversiones a largo plazo los empresarios con esa espada de Damocles?

El factor electoral que lo cambia todo

Marlene Garayzar pone el dedo en la llaga: el riesgo principal es que esta incertidumbre se prolongue indefinidamente. Pero Alejandro Padilla Santana añade otra capa al drama: las elecciones de medio término en Estados Unidos podrían redefinir completamente la política comercial hacia México.

Imaginen este teatro: negociamos hoy con una administración, pero en noviembre podríamos tener un Congreso estadounidense con prioridades completamente diferentes. Es como construir sobre arena movediza.

La economía mexicana aguanta la respiración

A pesar del nerviosismo, las proyecciones económicas para 2026 mantienen cierto optimismo cauteloso. Se espera un crecimiento del PIB entre 1.3% y 1.8%, impulsado por exportaciones y consumo interno.

Pero hay un ‘pero’ importante: sectores como la manufactura aún no recuperan los niveles previos a 2019. Y todos los expertos coinciden en un punto:

El resultado final de esta revisión del T-MEC será determinante para consolidar—o erosionar—la confianza de los inversionistas y la estabilidad económica mexicana.

Estamos ante una negociación donde cada coma cuenta, donde cada cláusula modificada puede significar miles de empleos ganados o perdidos. El telón ya está arriba. Ahora veremos qué actores realmente dirigen esta obra.