Han pasado casi tres años desde que los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH renunciaron de forma colectiva. Desde entonces, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra funciona sin ese órgano de participación ciudadana y contrapeso interno que la ley exige. El Senado de la República aún no emite la convocatoria para designar a los 10 nuevos consejeros.
Durante este periodo, la Comisión ha emitido recomendaciones, aprobado disposiciones internas, ejercido presupuesto y modificado su estructura administrativa. Todo sin supervisión ciudadana, pese a que la Ley de la CNDH establece ese mecanismo de acompañamiento y supervisión institucional.
La ausencia del Consejo tiene consecuencias directas. Adalberto Méndez, exintegrante del órgano, lo explica con un ejemplo reciente: la recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa.
“Una de las facultades que le da la ley al Consejo Consultivo es que estas recomendaciones pasaban por opinión del consejo. Entonces, cuando tienes un organismo sin este consejo, pasan este tipo de recomendaciones. Recomendaciones completamente sesgadas, orientadas a proteger a las autoridades públicas y no a la ciudadanía.”
Méndez reconoce que el argumento oficial podría ser que las opiniones del consejo no son vinculantes. Pero sostiene que incluso así hay incumplimiento legal.
Los seis consejeros que aún estaban en funciones renunciaron el 23 de octubre de 2023. En una carta al Senado señalaron que sus opiniones ya no eran tomadas en cuenta y que no había condiciones para trabajar. Desde entonces, el Senado no ha completado el proceso de renovación.
Responsabilidad compartida
Para Méndez, la omisión no es solo de la presidencia de la CNDH. El Senado también tiene culpa.
“El Senado de la República es igualmente responsable. El nombramiento de las y los consejeros es una facultad exclusiva del Senado. Es el único que tiene la facultad de emitir la convocatoria y desarrollar el proceso de selección.”
Mientras tanto, la CNDH sigue operando sin ese contrapeso ciudadano que la propia ley creó para garantizar su autonomía y transparencia.
