Nuevo episodio de violencia del CJNG en Zamora
Un ataque armado perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Zamora, Michoacán, terminó con la vida de un adolescente de 16 años y dejó a dos menores más con lesiones. Los hechos ocurrieron frente a una vivienda en la colonia Valencia Primera Sección, donde sujetos armados dispararon contra los jóvenes sin mediar provocación. Autoridades federales confirmaron la participación de células del CJNG, grupo que opera en la zona limítrofe con Jalisco.
Patrón de violencia contra civiles
Este incidente representa el tercer ataque dirigido contra menores en Michoacán en menos de siete días. El 26 de julio, en la localidad de El Coire (municipio de Aquila), el mismo cartel ejecutó a dos niños de 11 y 12 años, junto a un adulto, durante una incursión violenta en una vivienda. El Concejo Indígena de la Sierra-Costa calificó los hechos como crimen de lesa humanidad y exigió intervención urgente de las autoridades federales.
Previamente, en Coahuayana, una niña de 13 años resultó gravemente herida durante un operativo combinado con fusiles de asalto y explosivos, pese a la cercanía de una base militar. Testigos relataron que las fuerzas federales no intervinieron durante el ataque, siendo la Policía Comunitaria quien rescató a la menor bajo fuego cruzado. La víctima fue trasladada a un hospital en Tecomán, Colima, donde permanece en condición estable.
Falta de respuesta institucional
Familiares de las víctimas, como Abelardo, jornalero de la región, denunciaron la inacción gubernamental: “Las fuerzas de seguridad están de adorno mientras los criminales actúan impunemente”. Señalaron que, pese a la presencia de instalaciones militares y de la Guardia Nacional, los operativos del CJNG continúan escalando en crueldad, particularmente contra población civil no involucrada en conflictos entre cárteles.
Analistas de seguridad destacan que estos eventos reflejan una estrategia deliberada del CJNG para sembrar terror en comunidades que resisten su control territorial. La recurrencia de ataques contra menores –considerados “daños colaterales” por los grupos criminales– evidencia el deterioro del Estado de derecho en la región.
Organizaciones civiles exigen al gobierno federal implementar protocolos especializados para proteger a la población infantil en zonas de conflicto, así como investigaciones transparentes que eviten la revictimización. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un expediente para documentar posibles violaciones a derechos humanos por parte de actores estatales y no estatales.
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