El Órgano de Administración Judicial (OAJ) cesó a 43 trabajadores sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). La medida afecta a 39 mujeres y cuatro hombres distribuidos en 31 delegaciones del país.
Labores clave para sectores vulnerables
El personal realizaba funciones sustantivas: acompañamiento y defensa legal de víctimas de violencia, indígenas, migrantes y personas en situación de pobreza. Sin estos profesionales, se debilita la investigación socioeconómica necesaria para identificar condiciones de vulnerabilidad y fortalecer las estrategias jurídicas gratuitas.
María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C., advirtió:
“La remoción de toda el área de trabajo social enciende alarmas sobre la calidad de la administración de la justicia, ya que dicho personal se encargaba de realizar investigaciones socioeconómicas, identificar condiciones de vulnerabilidad y aportar datos clave para fortalecer las estrategias jurídicas gratuitas.”
Señaló también que los ceses se realizaron sin especificar las causas y afectaron directamente a empleados con enfermedades crónicas o en vías de jubilación que dependían de la seguridad social.
Reacciones y acciones legales
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) expresó su rechazo inmediato. Hasta ahora, ni el IFDP ni el OAJ han emitido una postura oficial. Los trabajadores afectados comenzaron a organizarse para interponer recursos legales contra la conclusión de sus contratos.
Asociaciones civiles pidieron a las autoridades reconsiderar la medida y restituir al personal. Enfatizaron el impacto humano del recorte y el riesgo de desamparo institucional para los usuarios de la defensoría pública.
