Casos de sarampión se duplican en México durante 2026

Compromiso internacional y críticas

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) ratificó su compromiso de seguir acompañando a las familias y víctimas del caso Ayotzinapa en la búsqueda de verdad y justicia.

Mediante un pronunciamiento oficial, el organismo indicó que mantendrá su contribución activa a las investigaciones federales sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

La ONU-DH reconoció las aportaciones de la asistencia técnica internacional y el trabajo de organizaciones civiles que han brindado asesoría jurídica y humana a los padres de los normalistas desde el inicio del proceso judicial.

De forma paralela, Amnistía Internacional (AI) expresó su profunda preocupación por la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tras la emisión de la Recomendación 208VG/2026.

La organización acusó que dicho documento respalda la actuación oficial del Estado en lugar de realizar una indagatoria objetiva sobre las violaciones graves a los derechos humanos. Además, consideró que deslegitima el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

AI calificó de alarmante que la CNDH deslinde de responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) argumentando falta de pruebas en su contra. La organización recordó que existen al menos 17 elementos militares vinculados a proceso penal por su probable relación con la desaparición de los jóvenes, y señaló que las Fuerzas Armadas han impuesto obstáculos de transparencia y negativas para entregar información clave sobre los hechos en Iguala.

El gobierno de México reportó la detención de ocho personas vinculadas con la privación de la vida de la periodista veracruzana Roxana Guzmán Ramírez, ocurrida el pasado 2 de julio. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre los avances en la investigación durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En el gobierno de México no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas, ni para quienes pretendan vulnerar el derecho a la libertad de expresión mediante el abuso de un cargo público o integrantes de una organización criminal. La instrucción de la presidenta es esclarecer plenamente los hechos, garantizar justicia para Roxana Guzmán y su familia y detener a todas las personas responsables de este crimen”, declaró.

Avances en el caso Roxana Guzmán

García Harfuch agradeció la coordinación con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Explicó que mediante trabajos de inteligencia —liderados por la unidad de inteligencia naval— se logró identificar a los responsables y ejecutar órdenes de aprehensión.

Entre los detenidos están José del Carmen “N” y Karen Monserrat, además de cuatro elementos de la policía municipal, señalados por la privación de la libertad de la periodista. Posteriormente, fueron capturados Luis Arturo “N”, alias “Delta 11”, como presunto responsable del homicidio, y Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, también implicado. Los otros detenidos son Ismael “N”, Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N” y José Manuel “N”.

La Fiscalía de Veracruz confirmó que los restos hallados durante las diligencias corresponden a la comunicadora. En un comunicado, señaló: “Se estableció que los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la periodista, hecho que fortalece la investigación”.

Roxana Guzmán fue privada de la libertad el 2 de junio en el sur de Veracruz. Un video difundido en redes mostró a dos sujetos encapuchados golpeando la puerta de su domicilio con un mazo y llevándosela por la fuerza. Su caso conmocionó al gremio periodístico y reforzó las demandas de justicia ante la violencia contra comunicadores en México.

La respuesta del senador

El senador Gerardo Fernández Noroña calificó como una “arbitrariedad” la sanción del Tribunal Electoral de Michoacán por violencia política de género contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan. En un video, aseguró que llamarla “fascista” por sus aspiraciones electorales no es una agresión. Consideró que hubo una “evidente intención electoral” al responsabilizar a Raúl Morón del homicidio de Carlos Manzo.

“¿Cómo decir que se despertó la ambición, que tiene intencionalidad electoral y es fascista es violencia política de género?”, cuestionó el legislador.

Fernández Noroña advirtió que la resolución unánime es un despropósito y cierra el debate político entre hombres y mujeres. “Me quieren poner el ‘San Benito’ de violentador, es una infamia”, sostuvo.

Detalles de la impugnación

El senador, quien busca nuevamente la presidencia de la Mesa Directiva, retó a los magistrados a explicar públicamente su fallo. “Si su resolución triunfa, sería la muerte del debate político”, concluyó.

Previamente, el legislador de Morena anunció su intención de impugnar y afirmó que el caso busca desacreditarlo para frenar su aspiración.