El ‘fast track’ senatorial tiene nueva protagonista: Ernestina Godoy llega a la FGR

Parece que en el Senado de la República descubrieron el botón de avance rápido. En un movimiento que combinó celeridad parlamentaria y mayoría aplastante, el pleno le dio el sí a Ernestina Godoy para que se convierta en la nueva titular de la Fiscalía General de la República. La votación, con el respaldo de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, fue el trámite express que muchos esperaban y otros tantos temían. Así, la ex consejera jurídica de Presidencia pasó de asesora a jefa máxima del ministerio público federal.

La sesión, digna de un capítulo de drama político, terminó con un marcador elocuente: 97 votos a favor contra 19 en contra (cortesía del PRI y PAN) y 11 papeletas que, al parecer, se fueron a un viaje místico y terminaron en el limbo de los nulos. Lo que se necesitaba era una mayoría calificada, y vaya que la consiguieron. Un trámite relámpago que deja claro cuál es la fuerza de la coalición en la Cámara alta.

Promesas, autonomía y la sombra de la coordinación

Antes de recibir el cargo, Godoy Ramos compareció frente a los senadores y soltó el discurso que todos querían escuchar (y otros tantos querían diseccionar). Aseguró, con la solemnidad de quien promete no comer más azúcar en Año Nuevo, que no se fabricarán culpables y que no habrá persecución política. Pero, ojo, también advirtió que la impunidad no tendrá cabaña en su gestión. Vamos, el clásico “ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre” aplicado a la procuración de justicia.

Reconoció que la deuda histórica con la sociedad en materia de justicia sigue ahí, tan grande como la fila del trámite de tu licencia. Dijo que México está en una nueva etapa, pero que la FGR debe ponerse a la altura de una realidad compleja, prometiendo combatir sin tregua a la delincuencia organizada. Sin embargo, el momento más viral llegó cuando aclaró, casi con un guiño, que “la coordinación no implica subordinación”. Una frase dirigida directamente a los cuestionamientos de la oposición sobre su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum y la posible afectación a la autonomía constitucional de la Fiscalía.

En su intervención, Godoy pintó un panorama de una fiscalía fuerte y moderna, donde la investigación científica, la inteligencia aplicada y la priorización de delitos de alto impacto serán la norma. Habló de transparencia, rendición de cuentas, perspectiva de género y, algo que siempre suena bien en los discursos, “cero tolerancia a la tortura”. Un checklist completo de buenas intenciones para una institución que carga con el pesado lastre de la desconfianza ciudadana.

El mensaje subyacente es claro: la FGR de Godoy pretende ser un órgano estratégico, autónomo pero alineado con el proyecto de la actual administración. La tarea no es sencilla; se trata de transformar una institución históricamente cuestionada en un pilar de credibilidad. Su reto será demostrar que esas palabras se traducen en hechos concretos, investigaciones sólidas y resultados tangibles en la lucha contra la criminalidad y la corrupción. El tiempo, y las estadísticas de impunidad, tendrán la última palabra.

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Un Amparo en Medio de la Tormenta Legal

En un giro dentro de un proceso judicial de alta complejidad, el empresario Jorge Enrique Alberts Ponce, señalado por las autoridades como integrante clave de la red delictiva vinculada a Raúl Rocha Cantú, ha logrado una medida de protección. A través de un recurso de amparo, solicitó y obtuvo una suspensión provisional para que un inmueble que le fue asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR) no sea enajenado mientras se resuelve su situación legal.

El juez Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera Gregoire, fue quien concedió esta determinación. La orden judicial especifica que la propiedad debe mantenerse en su estado actual, prohibiendo su venta, remate o cualquier disposición por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Esta decisión no absuelve al imputado, sino que congela el estatus del bien en el marco de la investigación por delitos federales.

La Acusación y el Presunto Modus Operandi

Según los documentos de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-QRO/0000082/2025, Alberts Ponce, alias “Yoryi” o “Licenciado”, es considerado uno de los operadores principales de la organización. Las autoridades afirman que su radio de acción cubría Querétaro y la Ciudad de México, donde administraba una red de empresas ficticias o empresas pantalla.

El objetivo de estas estructuras corporativas, según la FGR, era doble: por un lado, facilitar el tráfico ilícito y comercialización de armamento de fuego a grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y la Unión Tepito. Por otro, servían para facturar fraudulentamente servicios de seguridad y custodia, blanqueando capitales. Entre las compañías mencionadas se encuentran Comercializadora de bienes SEGURIMEX, Servicios Terrestres de Seguridad Privada (SETER) y Dinámica Seguridad Privada Consultores.

La indagatoria detalla un sofisticado esquema de despojo para obtener bienes raíces. La metodología consistía en identificar inmuebles aparentemente abandonados, ocuparlos con personal de vigilancia y, posteriormente, gestionar escrituras fraudulentas con la complicidad presunta de notarios públicos y funcionarios del Registro Público de la Propiedad. Estos bienes, obtenidos de manera ilícita, eran luego utilizados como garantía para solicitar créditos bancarios millonarios. Se estima que a través de estas maniobras se logró acumular un patrimonio valorado en aproximadamente 160 millones de pesos.

Las Implicaciones y los Cargos Pendientes

El impacto de esta investigación se extiende en el ámbito geográfico y en la lucha contra la delincuencia organizada. Jorge Enrique Alberts Ponce enfrenta actualmente una orden de aprehensión vigente por delitos graves: delincuencia organizada en su modalidad criminal, tráfico de armas de uso exclusivo del ejército y robo de hidrocarburos (conocido coloquialmente como huachicol). El caso ejemplifica cómo las estructuras criminales se entrelazan con el mundo empresarial formal, utilizando herramientas legales para fines ilegales.

La concesión del amparo sobre el inmueble es solo un capítulo dentro de este extenso proceso legal. Subraya la importancia del debido proceso y los recursos legales disponibles para cualquier imputado, incluso en casos de criminalidad compleja. El desenlace final dependerá de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República y la resolución definitiva del juez de distrito sobre el fondo del asunto. Mientras tanto, la medida cautelar garantiza que el bien en cuestión permanezca bajo el control de la autoridad, aunque sin ser enajenado, pendiente de la sentencia que determine su destino final.

Este caso continúa desarrollándose y es un recordatorio de los desafíos que representan las redes de crimen organizado con capacidad de infiltración en sectores económicos y legales. La resolución sentará un precedente significativo en la persecución de los delitos patrimoniales y de lavado de activos vinculados a la delincuencia organizada.

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Diálogo y acuerdos tras la movilización del gremio aeronáutico

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) han concretado un acuerdo para instaurar mesas de trabajo colaborativas. El objetivo central de este espacio de diálogo es realizar una revisión conjunta y exhaustiva del proyecto de reforma normativa que regula el proceso de autorización para que tripulaciones aéreas extranjeras operen dentro del territorio mexicano. Este entendimiento se alcanzó como consecuencia directa de las manifestaciones pacíficas llevadas a cabo por el gremio el pasado 1 de diciembre.

En un comunicado oficial, la organización que agrupa a los pilotos nacionales manifestó: “ASPA de México reconoce la apertura mostrada por las autoridades y su disposición para fortalecer la legalidad, la transparencia y la protección de los derechos laborales en la aviación nacional”. Como primer acto formal de este proceso, durante la reunión se firmó una minuta de acuerdos con representantes de la SICT y de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el órgano regulador del sector.

Origen del conflicto y preocupaciones del sector

La movilización del pasado lunes, convocada por ASPA y el Colegio de Pilotos Aviadores de México, tuvo lugar frente a las instalaciones de la SICT. La protesta surgió para expresar la profunda inconformidad del sector ante las autorizaciones concedidas a aerolíneas mexicanas para que empleen comandantes y primeros oficiales foráneos en sus operaciones de vuelo doméstico. El propósito declarado de la acción era “defender los derechos laborales en la aviación nacional”, una reacción a dos situaciones concretas: la contratación de pilotos y sobrecargos extranjeros por parte de Volaris y el permiso otorgado a Viva Aerobus para alquilar aeronaves con tripulación completa desde Malta.

Este fenómeno, conocido en la industria como wet lease o arrendamiento húmedo, ha sido implementado por las aerolíneas como una medida temporal para mitigar una crisis operativa. Dicha crisis deriva de una menor disponibilidad de aviones Airbus debido a un proceso de revisión técnica anticipada y preventiva de sus motores. No obstante, ASPA y el Colegio de Pilotos sostienen que esta práctica constituye una violación a los principios establecidos en la Constitución Política Mexicana y a lo dispuesto en la Ley de Aviación Civil, argumentando que prioriza soluciones operativas sobre la protección del mercado laboral nacional.

Marco regulatorio y justificación de las aerolíneas

Desde la perspectiva de las compañías aéreas y la autoridad reguladora, la medida se encuentra amparada en instrumentos legales específicos. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica (STIA), que representa a los empleados de Volaris, explicó que la aerolínea activó un mecanismo contemplado en el artículo 83 Bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago) y en el artículo 45 de la Ley de Aviación Civil mexicana. Este marco permite, bajo circunstancias operativas excepcionales y debidamente justificadas, la autorización temporal de aeronaves con tripulación de otra empresa para asegurar la continuidad del servicio. La AFAC evaluó y autorizó estos permisos con el fin declarado de garantizar la capacidad operativa durante la alta demanda de la temporada decembrina, evitando afectaciones masivas a los pasajeros.

El establecimiento de las mesas de trabajo entre ASPA y la SICT representa un punto de inflexión, trasladando el debate del ámbito de la protesta callejera al de la discusión técnica y regulatoria. El desafío central radicará en equilibrar dos necesidades críticas: por un lado, la flexibilidad operativa que requieren las aerolíneas para mantener su oferta de servicio, garantizar la seguridad y ser competitivas en un mercado global; y por el otro, la protección efectiva de los derechos laborales y las oportunidades de empleo para los profesionales de la aviación en México. La revisión de la normativa secundaria será el escenario donde se defina si el marco legal actual es suficiente o requiere ajustes para cerrar posibles vacíos que, según el sindicato, permiten la elusión de las obligaciones de contratación local. El resultado de este diálogo sentará un precedente crucial para la gobernanza del espacio aéreo nacional y las relaciones laborales en el sector.

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