La firma del acuerdo para ordenar la producción y comercialización del maíz blanco marca un cambio en la política agrícola. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) señaló que se retoman mecanismos como las coberturas de precios y los seguros climáticos.
Claves del nuevo acuerdo
El esquema busca brindar certidumbre de ingreso y rentabilidad al productor. Según GCMA, esto podría reducir la volatilidad del sector. Sin embargo, persisten retos: garantizar que el precio justo realmente asegure rentabilidad en un entorno de alta volatilidad, y lograr un funcionamiento transparente de las mesas de negociación entre productores, compradores y autoridades.
También se requiere consolidar un sistema efectivo de contratación anticipada que dé certidumbre comercial a ambas partes. Además, se deben alcanzar reducciones reales en los costos de producción mediante compras consolidadas de insumos. Hacienda deberá implementar de forma eficiente los mecanismos de administración de riesgos, especialmente ante variaciones de precios, clima y tipo de cambio.
El nuevo esquema alcanzará a 61 mil productores en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Campeche y Sinaloa. Ahí hay un volumen comercial de granos por 7 millones de toneladas. A los pequeños productores —menos de cinco hectáreas— se les ofrecerán precios de garantía a través del programa Alimentación para el Bienestar.
Uno de los componentes centrales será la instalación de mesas de trabajo para establecer compras anticipadas de cosechas para los ciclos Primavera-Verano 2026 y Otoño-Invierno 2026/2027. Los acuerdos deberán concretarse al menos 45 días antes del inicio de las siembras, bajo esquemas regionales considerados justos. El propósito es asegurar la comercialización del grano nacional y evitar su desplazamiento frente a importaciones.
GCMA afirmó que esta medida representa un giro en la política agrícola al recuperar mecanismos anteriormente utilizados.
