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México enfrenta el desafío de reformar un sistema de salud complejo y segmentado, que ha estado dividido entre distintas autoridades durante años. La segmentación del sistema en tres componentes principales: el seguro social basado en el empleo, el sistema de asistencia social para quienes no cuentan con seguridad social, y el sector privado, ha creado barreras para el acceso equitativo y eficaz a los servicios de salud.
La Ley General de Salud establece cuatro autoridades en materia de salud: el presidente de la república, el Consejo General de Salud, la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales, incluyendo el gobierno de la Ciudad de México. Esta ley también señala las competencias específicas de cada autoridad, diferenciando entre responsabilidades de formulación, coordinación y planificación a nivel federal, y tareas ejecutivas y operativas a nivel estatal.
Investigaciones recientes, incluyendo un estudio de la Universidad Anáhuac México, sugieren que la federalización o centralización del sistema de salud podría ser una solución efectiva para superar la fragmentación y mejorar la eficiencia. Este enfoque se ha visto exitoso en países europeos como Portugal, España, Italia y Grecia, donde la centralización del sistema de salud ha llevado a servicios más óptimos y avanzados.
La propuesta actual de la administración busca centralizar el sistema de salud bajo el INS Bienestar, un organismo público descentralizado encargado de brindar servicios de salud gratuitos a personas sin seguridad social. Esta reforma busca unificar la prestación de servicios de salud para garantizar un acceso más justo y universal.
La reforma del sistema de salud en México es un tema crítico que requiere un análisis detallado y propuestas concretas para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de salud de calidad. La centralización propuesta representa un paso adelante hacia la creación de un sistema de salud más equitativo y eficiente, capaz de responder a las necesidades de la población.
