Un fallo judicial que desafía la política migratoria

Un juez federal acaba de dar una bofetada al gobierno estadounidense. James Boasberg, del distrito de Washington, ordenó este jueves que las autoridades organicen y paguen el regreso de migrantes venezolanos que fueron deportados a una prisión en El Salvador.

El caso es la punta del iceberg de la ofensiva migratoria de la administración Trump. Todo empezó en marzo, cuando el presidente invocó una ley del siglo XVIII —la Ley de Enemigos Extranjeros— para enviar a estos hombres al llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CEcot).

“Le dijeron al tribunal que se fuera al diablo”

Lo más jugoso viene en las palabras del propio juez. Boasberg criticó con dureza la respuesta inicial del gobierno a su orden anterior:

“Aparentemente sin interés en participar en este proceso, las respuestas del gobierno en esencia le dijeron al tribunal que se fuera al diablo”.

La Casa Blanca no se quedó callada. Su portavoz, Abigail Jackson, arremetió contra lo que llamó “un fallo absurdo e ilegal de un activista judicial de extrema izquierda”. Dijo que intenta socavar la autoridad legal del presidente para llevar a cabo deportaciones.

Los 137 hombres ya fueron devueltos a Venezuela en un intercambio negociado por EE.UU. Pero algunos han logrado salir y están ahora en un tercer país. Su abogado, Lee Gelernt, dice que quieren limpiar su nombre.

¿Qué pasa ahora?

La orden es clara: el gobierno debe darles una carta de embarque y pagar sus pasajes si quieren volver. Eso sí, serán detenidos al llegar.

También pueden presentar nuevos documentos para argumentar que su deportación fue ilegal y que fueron etiquetados erróneamente como miembros de la pandilla Tren de Aragua.

Boasberg dejó claro el fondo del asunto:

“De lo contrario, el gobierno podría simplemente sacar a personas de Estados Unidos sin proporcionar ningún proceso… y luego negarles cualquier derecho a regresar”.

Hay antecedentes turbios. En marzo, funcionarios trasladaron a los hombres pese a una orden verbal del juez para que el avión diera la vuelta. Eso desató una investigación por desacato, aunque está pausada.

Gelernt lo resumió así:

“De manera notable, aunque el gobierno no disputa que a los hombres se les negó el debido proceso, aun así no estaba dispuesto a hacer lo correcto sin una orden judicial”.

Este caso es más que una disputa legal. Es un pulso entre poderes sobre hasta dónde puede llegar el ejecutivo en su lucha contra la migración irregular. Y mientras tanto, hay decenas de vidas suspendidas esperando justicia.

Un cargamento de esperanza llega a La Habana

Dos barcos de la Armada mexicana atracaron al amanecer en el puerto de La Habana. Traían más de 800 toneladas de ayuda: leche, arroz, frijoles y productos básicos que escasean en la isla. Una respuesta directa a lo que el presidente cubano llama un “bloqueo energético”.

La llegada ocurre justo cuando las amenazas de Trump aprietan el cerco. El mandatario estadounidense prometió imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba. El resultado es una crisis que toca todo: desde hospitales hasta el turismo.

“Esta es una ayuda increíblemente importante para el pueblo cubano en este momento”, dijo Yohandri Espinosa, un ingeniero que observaba la llegada con su hija. “Estamos viviendo tiempos difíciles de gran necesidad e incertidumbre”.

Un rompecabezas energético sin solución

La situación es un nudo geopolítico. Cuba produce solo el 40% del petróleo que consume. El resto venía principalmente de Venezuela, pero esos envíos se detuvieron tras las acciones de EEUU contra Maduro en enero.

México ya había suspendido sus propios envíos de crudo desde enero, aunque nunca se aclaró por qué. Ahora, con la amenaza de Trump sobre la mesa, el suministro se seca aún más.

Las consecuencias son tangibles. Air Canada suspendió vuelos porque no hay suficiente combustible para repostar en la isla. Aerolíneas rusas como Aeroflot cancelan rutas y organizan salidas anticipadas para sus turistas varados.

En tierra, los bancos redujeron horarios y se suspendieron eventos culturales. Las distribuidoras de combustible solo venden en dólares y limitan la cantidad por persona.

“A veces piensas que las cosas van a mejorar, pero no es así”, señaló Javier González desde el malecón habanero. “No podemos seguir como estamos porque es demasiado duro”.

¿Y ahora qué? La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum prometió más apoyo cuando los barcos regresen. Su gobierno busca promover un diálogo pacífico para que Cuba pueda recibir petróleo otra vez.

Pero las palabras chocan con seis décadas de sanciones estadounidenses, ahora radicalizadas por Trump. Funcionarios cubanos calculan que estas medidas les han costado más de 7.500 millones de dólares solo en el último año.

Rusia expresó solidaridad, pero su portavoz fue evasivo: “Es imposible discutir estos temas públicamente en este momento por razones obvias”. Nadie quiere una escalada abierta con Washington.

Mientras tanto, en los muelles habaneros descargan leche en polvo y frijoles. Es un alivio inmediato para familias reales, pero no resuelve el problema estructural. La pregunta que flota en el aire caribeño es simple: ¿quién llenará los tanques vacíos?

La grieta llega a los gobernadores

La Asociación Nacional de Gobernadores (NGA) acaba de dar un portazo diplomático. Canceló su reunión anual con el presidente Donald Trump después de que la Casa Blanca quisiera invitar solo a los mandatarios estatales republicanos.

¿El motivo? Una cuestión de principios. La NGA es, por definición, bipartidista. Y una invitación excluyente iba en contra de todo lo que representa.

Una carta que habla claro

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, quien preside la asociación, lo dejó claro en una carta a sus colegas. Explicó que cuando se enteraron de que el encuentro del 20 de febrero sería solo para figuras del Partido Republicano, retiraron el evento de su agenda oficial.

“Exhortó a los gobernadores a mantener la unidad y evitar que las diferencias partidistas profundicen la división política”, señala la misiva.

Stitt recordó algo crucial: históricamente, los gobernadores han sido un ejemplo de liderazgo pragmático. Su trabajo es concentrarse en lo que afecta a sus comunidades, más allá de las disputas en Washington.

Pero esta vez, la política nacional se coló con fuerza.

El episodio no viene solo. Se suma a tensiones previas entre Trump y gobernadores demócratas, como el cruce del año pasado con la entonces mandataria de Maine, Janet Mills.

Lo que debería ser un espacio tradicional de diálogo —la reunión anual en Washington del 19 al 21 de febrero— ahora tiene un vacío en su programa. Ni la Casa Blanca ni la NGA han dado más explicaciones.

Pero el mensaje está enviado. Cuando se trata de romper puentes bipartidistas, incluso los líderes estatales tienen un límite.