Un nuevo testimonio en la investigación por la red de evasión fiscal dentro de la Secretaría de Marina apunta que una de sus cabezas buscó el respaldo de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de López Obrador, para autorizar un buque con combustible de contrabando.
Tras el decomiso del barco Challenge Procyon en marzo de 2025 en Tampico, Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “Capitán Sol”, le dijo a un militar de la aduana de Guaymas, Sonora, que hablaría con Ojeda Durán para “controlar la situación” del Torn Agnes, otra embarcación cargada de combustible ilegal que había llegado al puerto fronterizo.
El nuevo testimonio
El testigo, identificado con las siglas J.C.S.P., pertenece a la Marina y trabajó con el capitán de navío Luis Alfredo García Arellano Villegas, entonces encargado de la aduana de Guaymas. Según su declaración, a la que tuvo acceso EL PAÍS, esta dupla gestionó la entrada del buque Seaways Citron en octubre de 2023, operación que “ya estaba acordada en áreas centrales” y contaba con autorización de los hermanos Farías Laguna, sobrinos de Ojeda Durán.
En ese momento, Capitán Sol indicó cómo repartir un soborno de 2.5 millones de pesos entre cargos civiles y militares de la aduana. La declaración detalla que guardaban el dinero en el pañol de armas del recinto.
La defensa de los sobrinos de Ojeda Durán —Roberto Manuel y Fernando Farías Laguna, acusados de liderar la trama— pidió a las autoridades que el exsecretario declare. La solicitud, presentada a principios de junio, no fue concedida. Los abogados argumentaron que el nuevo testimonio sugiere que Ojeda Durán no solo conocía los hechos, sino que “presumiblemente podría estar relacionado”.
Otra evidencia clave es la carta manuscrita que Fernando Rubén Guerrero Alcántar, militar involucrado, le entregó a Ojeda Durán en junio de 2024. En un audio publicado por Aristegui Noticias, se escucha a Ojeda Durán ofrecerle una especie de pacto de silencio: “O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga… o tratamos de cerrarlo aquí nosotros”. Guerrero Alcántar fue privado de la vida cinco meses después, en noviembre de 2024, y su carta no llegó a la Fiscalía hasta julio de 2025.
El Gobierno ha intentado separar a Ojeda Durán del caso, pero las fechas y los hechos lo colocan en el centro. La Fiscalía no respondió a las preguntas sobre estas nuevas pruebas; la Secretaría de Marina dijo que mantiene colaboración pero no es “autoridad competente” para informar.
