Una visita nocturna con agenda urgente

Keir Starmer aterrizó en Tokio después de pasar por Beijing. El nuevo primer ministro británico busca equilibrar la mesa: una “asociación estratégica” declarada con China, y ahora un acuerdo reforzado con Japón. El timing no es casual.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, había encendido las alarmas en Pekín con comentarios sobre una posible respuesta ante una acción militar china contra Taiwán. La tensión sube.

Ciberseguridad y minerales: los pilares del pacto

En una rueda de prensa conjunta, los dos líderes fueron claros. Starmer lo resumió así:

“…acordamos fortalecer la seguridad colectiva a través del Atlántico y el Indo-Pacífico, al tiempo que impulsaremos el crecimiento y la resiliencia económica”.

Traducción: quieren contrapesar juntos el peso de China en la región. El plan concreto tiene dos patas.

Primero, lanzan una nueva asociación estratégica cibernética. Japón lleva tiempo en alerta. Los expertos señalan sus vulnerabilidades digitales, especialmente ahora que el país acelera su fortalecimiento militar y su trabajo con Estados Unidos.

Segundo, se unen para asegurar el suministro de minerales críticos. Takaichi fue directa:

“Acordamos que es urgente que los países con ideas afines trabajen juntos para reforzar la resiliencia de la cadena de suministro”.

Estos minerales —incluyendo las tierras raras— son esenciales para la tecnología moderna, desde teléfonos hasta sistemas de defensa. China domina actualmente gran parte del mercado global.

Un juego de alianzas más amplio

Japón solo tiene un aliado por tratado: Estados Unidos. Pero las dudas sobre el compromiso continuo de Washington en Asia han empujado a Tokio a diversificar.

Ahora busca socios como Australia y, claramente, el Reino Unido. El acuerdo incluye trabajar en cadenas de suministro más diversificadas y apoyar el comercio multilateral.

Es un movimiento geopolítico clásico. Construir resiliencia entre “países con ideas afines” frente a un competidor común. Takaichi expresó su esperanza de “elevar aún más” esta relación.

Mientras Starmer vuela de vuelta a Londres, queda claro que su viaje relámpago tenía un objetivo: tejer alianzas en un mundo que, como él mismo dijo, está siendo literalmente sacudido por choques.

La gasolina como arma

La Casa Blanca acaba de firmar una orden que pone en la mira a cualquier país que le venda petróleo a Cuba. Donald Trump la justifica diciendo que la isla es una “amenaza inusual y extraordinaria”. Suena a disco rayado, pero esta vez el golpe puede ser más duro.

El problema es matemático puro: Cuba solo produce el 40% del combustible que necesita. El resto lo importa. Sin esas importaciones, se para todo.

Economistas consultados por The Associated Press señalaron que la falta de combustible impactaría de manera transversal en la producción de alimentos, el suministro de agua, la industria y los servicios básicos.

Traducción: esto no es solo sobre autos sin gasolina. Es sobre comida, agua y luz. Los apagones de más de ocho horas que ya sufren en algunas provincias podrían volverse la norma en toda la isla.

¿De dónde saca Cuba el petróleo?

Hasta ahora, su principal proveedor ha sido Venezuela. Le siguen, con mucho menos, México y Rusia. La jugada de Washington es clara: presionar a esos países para que cierren el grifo.

La respuesta oficial cubana no se hizo esperar. El gobierno de Miguel Díaz-Canel lo llama “intento de asfixia económica”.

El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que no existe fundamento para considerar a Cuba una amenaza para Estados Unidos y acusó a Washington de buscar castigar a la población.

Y ahí está el meollo del asunto. Estas sanciones nunca golpean solo a los gobiernos. Aterrizan en la mesa de la gente común, en un país donde ya escasea casi todo y la inflación no da tregua.

Mientras los discursos se cruzan entre La Habana y Washington, en la bahía capitalina la vida sigue su curso precario. Personas pescan junto a buques detenidos, buscando algo que llevar a casa. Esa imagen resume mejor que cualquier comunicado oficial lo que está en juego.

Una promesa de libertad que divide aguas

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este viernes un proyecto de ley de amnistía. Dice que busca liberar a dirigentes opositores, sindicalistas, periodistas y activistas detenidos por motivos políticos desde 1999.

“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política… que sirva para reencauzar la justicia”, enfatizó Rodríguez ante magistrados.

La medida era una exigencia clave de la oposición, respaldada por Estados Unidos. El pedido se intensificó después de que fuerzas estadounidenses capturaran al depuesto Nicolás Maduro el 3 de enero.

Las cifras no cuadran

Rodríguez afirma que su gobierno ha liberado a más de 600 personas. Pero el Foro Penal, una organización civil prestigiosa, tiene otros números.

Hasta el miércoles, contabilizaban 302 excarcelados y 711 personas aún detenidas por razones políticas. El gobierno niega que existan “presos políticos” y acusa a los detenidos de conspirar.

“Una amnistía general es bienvenida siempre que… no se convertirá en un manto de impunidad”, declaró Alfredo Romero, presidente del Foro Penal.

La líder opositora María Corina Machado fue más directa. Dijo que estas acciones no se tomaron “voluntariamente, sino en respuesta a la presión real” de Estados Unidos.

Un símbolo que cambia de cara

Lo más sorprendente fue el anuncio del cierre de El Helicoide. Este centro del SEBIN ha sido denunciado por años como un lugar donde se violan derechos humanos.

“Las instalaciones del Helicoide… se convertirán en un centro social, deportivo, cultural y comercial”, indicó Rodríguez.

Familiares de presos vieron el discurso en sus celulares frente al edificio. Algunos lloraban. Muchos coreaban: “¡Libertad! ¡Libertad!”.

El proyecto excluirá a condenados por homicidio, tráfico de sustancias prohibidas y violaciones graves a derechos humanos. Rodríguez pidió al Alto Comisionado de la ONU verificar las listas para acabar con discrepancias.

Pero las autoridades no han dado nombres ni números concretos. Grupos defensores buscan pistas en medio de la angustiosa espera familiar.

Machado recordó que hay personas detenidas desde hace un mes hasta 23 años. Para ella, cuando desaparece el miedo se liberan las fuerzas democráticas. Y eso significa el fin de lo que llama tiranía.

Mientras tanto, Venezuela intenta escribir un nuevo capítulo sobre viejas heridas. La pregunta es si esta ley será realmente una página en blanco o solo otro párrafo en un conflicto sin fin.