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Internacional

EE.UU. intercepta quinto petrolero en escalada por el crudo venezolano

La Armada de EE.UU. intercepta un quinto petrolero sancionado en el Caribe, intensificando su control sobre el crudo venezolano.

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En una operación que tensa aún más la cuerda geopolítica en aguas cálidas, las fuerzas armadas de Estados Unidos se preparan para un nuevo abordaje. Este viernes, en el mar Caribe, otro gigante de acero que transporta el oro negro venezolano será interceptado. Fuentes militares estadounidenses confirman la acción, parte de una ofensiva más amplia y decidida del gobierno de Trump para apretar el cerco sobre los envíos de crudo del país sudamericano.

Operación Amanecer: El Cerco se Aprieta

Antes de que los primeros rayos de sol iluminaran el horizonte, infantes de Marina y marineros partieron desde el colosal portaaviones Gerald R. Ford. Su misión: capturar al petrolero Olina. El Comando Sur de EE.UU., al anunciar la incautación, envió un mensaje contundente: “no hay refugio seguro para los criminales”. La Guardia Costera tomó luego el control del navío, completando una maniobra que Washington viene ensayando con un despliegue militar creciente en la región desde hace meses.

Las redes sociales se llenaron de imágenes dramáticas publicadas por el Comando Sur y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Se ve un helicóptero estadounidense posándose sobre la cubierta del buque, mientras personal especializado registra cada rincón e incluso lanza lo que parece ser un dispositivo explosivo frente a una puerta sellada. Noem fue clara: el navío era “otro buque cisterna de la ‘flota fantasma'”, sospechoso de transportar petróleo embargado y que había zarpado de Venezuela “intentando evadir a las fuerzas estadounidenses”.

Este es el quinto buque tanque incautado en esta campaña. Una iniciativa que busca controlar no solo la producción, sino también la refinación y distribución global del petróleo venezolano, luego del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Trump afirmó que la acción se realizó “en coordinación con las Autoridades Interinas de Venezuela”, aunque la Casa Blanca guardó silencio ante las solicitudes de detalles.

El Olina: Un Barco con Pasado Oscuro y Carga Millonaria

El gobierno venezolano, por su parte, emitió un comunicado reconociendo una colaboración inédita. Aseguraron trabajar con EE.UU. para que el petrolero, que “zarpó sin pago ni autorización”, regrese a aguas nacionales para su resguardo. Pero la historia del Olina es una madeja de sombras. Registros oficiales muestran que fue sancionado antes por transportar petróleo ruso bajo el nombre Minerva M, tenía registro panameño y ahora ondeaba una bandera de Timor-Leste que las autoridades marítimas internacionales consideran falsa.

Expertos como Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, revelan una trama más amplia. Su organización documentó con imágenes satelitales que al menos 16 petroleros burlaron la cuarentena impuesta por EE.UU., formando una flotilla clandestina. El Olina era uno de ellos. Tras transmitir su ubicación por última vez en noviembre, navegó a oscuras, con su baliza apagada, hasta ser capturado.

¿Qué hay en sus entrañas? Madani calcula que transportaba unos 707.000 barriles de crudo. Con un precio cercano a los 60 dólares por barril, esa carga vale más de 42 millones de dólares. Una fortuna flotante que explica por qué esta operación va más allá del simple cumplimiento de la ley.

Aunque Noem y el ejército hablan de aplicar sanciones, otros funcionarios del gobierno Trump son más directos: ven esto como una forma de generar efectivo. El objetivo declarado es reconstruir la destrozada industria petrolera venezolana y revitalizar su economía. El propio Trump habló en redes sociales de trabajar juntos para reconstruir “en una forma mucho más grande, mejor y más moderna” la infraestructura energética del país.

El plan es ambicioso. El gobierno estadounidense prevé vender entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano sancionado, destinando los ingresos a ambos pueblos. Pero la visión es a largo plazo; Trump se reunió con ejecutivos de 17 compañías petroleras para hablar sobre invertir 100 mil millones dólares en Venezuela. Como resumió el vicepresidente JD Vance en Fox News: EE.UU. puede “controlar” el “mando financiero” de Venezuela al dictar dónde se vende su petróleo.

Cada barco interceptado no es solo un acto policial en alta mar. Es un movimiento estratégico en un tablero global donde el control energético equivale a poder e influencia. La pregunta que flota en el aire caribeño es qué vendrá después en este pulso por uno de los recursos más codiciados del mundo.

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Internacional

La UE prioriza el gasto militar en su paquete de ayuda a Ucrania

La UE destina 60.000 millones de euros a defensa ucraniana, condicionando el apoyo a reformas democráticas y lucha anticorrupción.

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La UE prioriza el gasto militar en su paquete de ayuda a Ucrania

Bruselas ha desvelado los detalles de un plan financiero masivo para sostener a Ucrania durante los próximos años. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó este miércoles que la mayor parte de un nuevo programa de préstamos por valor de 90.000 millones de euros se destinará directamente a necesidades militares y defensivas.

El desglose es claro: 60.000 millones de euros (unos 70.000 millones de dólares) irán a apoyo militar, mientras que los 30.000 millones restantes se dedicarán a ayuda presupuestaria para estabilizar la economía ucraniana. Esto no es casualidad.

“Todos queremos la paz para Ucrania, y para eso Ucrania debe estar en una posición de fuerza”, declaró Von der Leyen al explicar la lógica detrás del gasto.

La estrategia europea se basa en una premisa simple pero costosa: la paz negociada solo llega desde una posición de fortaleza. Y construir esa fortaleza requiere armamento, equipamiento y una base industrial defensiva integrada con Europa.

Un paquete condicionado por reformas y contexto financiero

Pero el dinero no llega sin condiciones. Von der Leyen fue tajante:

“Estas condiciones no son negociables para ningún apoyo financiero”.

Ucrania debe emprender reformas democráticas profundas, con especial énfasis en el estado de derecho y la lucha contra la corrupción. Este punto es especialmente delicado dado el historial del país y las recientes tensiones internas, incluida la dimisión del jefe de gabinete presidencial Andrii Yermak tras una investigación anticorrupción.

El contexto financiero es apremiante. El Fondo Monetario Internacional estima que Ucrania necesitará unos 137.000 millones de euros entre 2026 y 2027. El paquete europeo cubre gran parte, pero no todo. La UE espera que otros aliados como Reino Unido, Canadá, Japón y Noruega ayuden a cerrar esa brecha, mientras el FMI prepara su propio préstamo multimillonario para el próximo mes.

El calendario es ajustado. La Comisión quiere que los fondos empiecen a fluir en abril, pero antes necesita el visto bueno de los países miembros y del Parlamento Europeo. Una vez aprobado, el dinero militar se usará principalmente para comprar equipos dentro del área económica europea (UE y países como Noruega), aunque se dejará una puerta abierta a adquisiciones fuera si resultan más efectivas.

Hay otro mecanismo interesante: en algunos casos, parte del dinero podría canalizarse a través de un esquema de la OTAN para que aliados europeos y Canadá compren armamento estadounidense y lo donen directamente a Kiev. Es un guiño a la interoperabilidad transatlántica.

La conclusión es clara: Europa está haciendo una apuesta estratégica a largo plazo. No se trata solo de mantener a Ucrania a flote económicamente, sino de fortalecer su capacidad defensiva mientras la ancla institucionalmente al bloque mediante reformas y una integración más profunda en su base industrial militar.
El mensaje subyacente para Moscú es tan económico como político: la UE está dispuesta a sostener este esfuerzo durante años, vinculando la reconstrucción futura al pago de reparaciones por parte de Rusia una vez finalice el conflicto.


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Internacional

Trump ordena a somalíes con TPS abandonar EE.UU. en marzo

La administración Trump cancela la protección a cientos de somalíes, en una medida que intensifica su agenda de deportación y genera protestas.

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¡Temporal significa temporal! (Excepto cuando no)

Ah, la poesía burocrática. “La temporalidad significa temporalidad”, declaró con la solemnidad de un oráculo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Qué frase tan profunda, tan filosófica. Casi tan profunda como el compromiso de esta administración con la coherencia. Porque, claro, cuando se trata de poner “a los estadounidenses primero”, ¿qué mejor manera que darle un ultimátum a 705 personas en un país de 330 millones? Una verdadera operación de seguridad nacional.

El gobierno del presidente Donald Trump anunció que pondrá fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Somalia. Sí, otra joya más en la corona de su agenda de deportación masiva. Porque nada dice “América First” como desestabilizar las vidas de cientos de personas que son, atención al dato, un “pequeño subconjunto” entre casi 1.3 millones de inmigrantes con TPS. Prioridades, ¿verdad?

Los somalíes afectados deben abandonar Estados Unidos antes del 17 de marzo, cuando expiren las protecciones existentes, extendidas por última vez por el expresidente Joe Biden.

Marzo. Una fecha límite perfecta. No muy lejana para causar pánico inmediato, pero lo suficientemente próxima para que planificar tu vida o tu huida sea un deporte extremo. Y todo esto ocurre mientras Minneapolis —hogar de una gran comunidad somalí— hierve por el asesinato de una manifestante a manos de un agente del ICE. Pura casualidad, sin duda.

La “mejoría” somalí y otras ficciones legales

El Departamento de Seguridad Nacional justifica la medida con un argumento que haría sonrojar a un novelista barato: las circunstancias en Somalia “han mejorado hasta el punto” de que ya no cumple los requisitos para el TPS. Me pregunto qué métricas usan para medir esa “mejoría”. ¿Menos balas por metro cuadrado? ¿Sequías ligeramente más cortas? Porque el pequeño detalle es que Somalia sigue siendo una de las naciones más pobres del mundo, asediada por décadas de conflicto crónico y desastres naturales.

Pero no me crean a mí. Crean al propio informe del Congreso de 2025, que señala que los somalíes habían recibido más de dos docenas de extensiones debido a la perpetua “inseguridad y el conflicto armado en curso que presentan serias amenazas para la seguridad”. ¿Serias amenazas? Bah, minucias. Probablemente solo sean exageraciones de quienes no entienden que “temporal” es un concepto flexible… hasta que a alguien se le antoja que ya no lo es.

Y aquí entra el toque personal del expresidente. Trump ha dirigido una retórica particularmente creativa contra los inmigrantes somalíes. Los ha acusado de defraudar programas federales y, en diciembre, soltó esta perla:

Dijo que no quería somalíes en Estados Unidos, afirmando que “vienen del infierno” y “no contribuyen en nada”.

Vienen del infierno. Una descripción geopolítica impecable. Sin distinciones entre ciudadanos y no ciudadanos, porque ¿para qué complicarse con detalles legales cuando tienes un buen eslogan?

La obsesión personal convertida en política pública

El capricho no termina ahí. Trump ha tenido palabras especialmente cariñosas para la representante Ilhan Omar, demócrata de Minnesota que emigró de Somalia siendo niña y es, oh sorpresa, ciudadana estadounidense. El mandatario ha sugerido repetidamente su deportación (genial idea, deportar a una congresista electa) y en un arrebato otoñal la llamó “basura”. Clase y elegancia desde la Oficina Oval.

Omar, quien ha criticado abiertamente el despliegue del ICE en Minneapolis, ha calificado esta fijación como “espeluznante e malsana”. Y uno piensa: ¿será que toda esta movida contra el TPS somalí es política pública meticulosa o simplemente el rencor personal escalado a nivel federal? Nunca lo sabremos… aunque las pistas apuntan fuerte a lo segundo.

El Congreso estableció el programa TPS en 1990 para ayudar a personas huyendo de condiciones inestables y amenazantes. Somalia recibió la designación en 1991 bajo George H.W. Bush debido a una guerra civil. Se ha extendido durante décadas porque —sorpresa— las condiciones inestables y amenazantes persistían. Hasta ahora, aparentemente.

Así que ahí están: cientos de personas atrapadas entre la retórica incendiaria de un expresidente obsesionado, una secretaria que repite eslóganes como mantras y un país de origen al que, según los papeles oficiales, ya no le pasa nada suficientemente malo como para merecer compasión.

Todo muy temporal. Todo muy absurdo.


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Internacional

Protestas y demanda judicial contra redadas de ICE en Minnesota

Estudiantes y activistas enfrentan redadas migratorias en Minneapolis, mientras autoridades estatales presentan demandas para detener las operaciones federales.

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Tensión en Minneapolis por despliegue masivo de agentes migratorios

Las calles de Minneapolis se llenaron de tensión y gas lacrimógeno este martes. Agentes federales lanzaron gases y rociaron irritante contra activistas que protestaban cerca del lugar donde Renee Good fue fatalmente baleada la semana pasada por un agente de inmigración. Escenas caóticas se vivieron mientras un hombre se frotaba los ojos con nieve, gritando pidiendo ayuda, y agentes en un Jeep sin identificación rociaban el irritante naranja antes de alejarse.

“¿Quién no tiene silbato?”, gritó un hombre con una bolsa de ellos.

La protesta no fue aislada. En Brooklyn Park, estudiantes abandonaron sus aulas en solidaridad con el movimiento contra las operaciones migratorias, siguiendo el ejemplo de alumnos en otras partes del país. Este despliegue ocurre mientras Minnesota se convierte en el epicentro de lo que ICE describe como su mayor operación hasta la fecha, con más de 2,000 agentes enviados al estado.

La batalla legal se intensifica

Minnesota no se queda de brazos cruzados. El estado, junto con las ciudades de Minneapolis y St. Paul, presentaron una demanda contra el gobierno federal el lunes, buscando detener o limitar lo que califican como una “invasión federal” a las Ciudades Gemelas.

“Esto es, en esencia, una invasión federal de las Ciudades Gemelas en Minnesota, y debe detenerse”, afirmó el fiscal general del estado, Keith Ellison.

La demanda argumenta que el Departamento de Seguridad Nacional está violando protecciones constitucionales al enfocarse específicamente en un estado progresista que favorece a los demócratres. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, fue contundente al describir el impacto:

“Lo que estamos viendo son miles —en plural— miles de agentes federales entrando en nuestra ciudad. Y, sí, están teniendo un impacto tremendo en la vida cotidiana”.

Mientras tanto, Brita Anderson, quien vive cerca y acudió a apoyar a amigos del vecindario, expresó su indignación al ver a agentes con equipo táctico completo:

“Sentí que la única razón por la que vendrían aquí es para acosar a la gente”, señaló Anderson.

Respuestas políticas y movilización nacional

La muerte de Renee Good —una madre de tres hijos de 37 años— ha desatado decenas de protestas y vigilias por todo Estados Unidos. Su caso simboliza la creciente tensión entre comunidades locales y las políticas migratorias federales.

El Departamento de Seguridad Nacional reporta más de 2,000 arrestos en Minnesota desde principios de diciembre y promete no retroceder. Tricia McLaughlin, portavoz del departamento, respondió a la demanda acusando a las autoridades estatales:

“El trabajo del presidente Trump es proteger al pueblo estadounidense y hacer cumplir la ley, sin importar quién sea su alcalde, gobernador o fiscal general del estado”.

Pero las críticas continúan. El gobierno federal defiende al agente que disparó contra Good argumentando defensa propia —una versión cuestionada por Frey, el gobernador Tim Walz y otros basándose en videos de la confrontación.

La reacción política se extiende más allá de Minnesota. En Massachusetts, dos legisladores demócratas anunciaron un proyecto de ley para facilitar demandas contra agentes federales acusados de violar derechos civiles —aunque tiene pocas probabilidades en un Congreso controlado por republicanos. En Wisconsin, la vicegobernadora Sara Rodríguez propuso prohibir operativos migratorios cerca de escuelas, hospitales e iglesias.

Lo que viene: Un tribunal federal deberá decidir si suspende las operaciones mientras continúan las protestas. La comunidad observa si la presión legal y social puede cambiar el curso de lo que muchos residentes ven como una presencia militarizada desproporcionada en sus barrios.

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