La Alianza Mexicana de Abogados y organizaciones civiles presentaron ante el Senado una solicitud formal para declarar la desaparición de poderes en Sinaloa. Señalan un presunto vínculo entre autoridades estatales y grupos del crimen organizado.
En conferencia de prensa, Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza, aseguró que la entidad vive una crisis de seguridad sin precedentes. Sostuvo que existe un
“narcogobierno” subordinado a intereses criminales.
Beltrán agregó que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, mantiene influencia en la administración a través de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla. La violencia ha provocado un clima de temor, dijo, y miles de personas han abandonado el estado.
Las cifras de la violencia
La senadora priista Paloma Sánchez respaldó la petición y presentó datos sobre seguridad en Sinaloa. En los últimos 21 meses se registraron:
- 2,815 homicidios
- 3,878 desapariciones
- Más de 10,000 robos de vehículos
- Miles de asaltos a comercios
La violencia también golpeó la economía. Las pérdidas ascienden a 170 mil millones de pesos. Se perdieron 38,000 empleos y cerraron cerca de 7,000 negocios.
La solicitud ahora está en manos del Senado. Los abogados y legisladores exigen una respuesta ante lo que consideran una falla estructural del estado de derecho en la entidad.




