Desaparecidos en México: colectivos exigen intervención de la ONU

Inversión histórica desde la asamblea comunitaria

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó Cherán, Michoacán, para presentar el balance del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha. A un año y dos meses de su arranque, el gobierno federal reporta una inversión superior a los 4 mil millones de pesos.

Sheinbaum subrayó que las decisiones no se toman desde escritorios, sino en asambleas comunitarias. Los propios habitantes definen las prioridades.

“Este esquema no se define desde las oficinas burocráticas, sino a través de asambleas comunitarias directas”, afirmó la mandataria.

Entre los nuevos compromisos destacan:

• Modernización del Hospital de Cherán con una sala de hemodiálisis.
• Rehabilitación de la Unidad Deportiva local.
• Apertura de las licenciaturas de Medicina y Enfermería.
• Fortalecimiento de empresas comunitarias.
• Reunión en CDMX con una comisión indígena para crear un centro de videovigilancia C2.

Detalle de los recursos y su impacto

Adelfo Regino Montes, director del INPI, detalló que el presupuesto se ha distribuido en:

• Edificación de 27 caminos artesanales (485 millones de pesos).
• Comedores escolares para la niñez indígena.
• 21 Casas Comunitarias de Lenguas Indígenas.

También se instaló un cuartel de la Guardia Nacional, se entregaron 27 mil estufas eficientes de leña y se otorgaron créditos para artesanas.

Sheinbaum recordó que, gracias a reformas constitucionales, las comunidades originarias son sujetos de derecho público. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos ascendió a 13 mil 500 millones de pesos este año.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el Consejo Mayor de Cherán coincidieron en la importancia del respeto institucional para mantener la autodeterminación y el modelo autónomo de gobierno indígena.

Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al regresar de Europa. Durante la audiencia inicial, calificó su arresto como un asunto político.

Ante la jueza de control Nora Ileana García Peralta, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la mujer afirmó:

“Yo creo que este es un caso político, donde a mi mamá, a mi cuñada y a mí, es decir, a las mujeres de mi familia, se nos ha utilizado para presionar a mi hermano.”

Declaraciones en la audiencia

Vestida con blusa y chamarra, Lozoya Austin explicó que salió del país una semana para atender un asunto familiar. “Y regresé porque aquí está mi familia y estoy aquí con las ganas de cooperar”, dijo. Añadió que cuando salió del país no se le había notificado la orden de aprehensión, y reiteró: “Estoy aquí para cooperar”.

Al término de la audiencia, no se informó el lugar al que sería trasladada para su resguardo mientras se resuelve su situación jurídica.

Las sanciones del IEPC

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas sancionó a los responsables de tres páginas de Facebook por violencia política contra las mujeres. Las afectadas fueron dos diputadas de la 69 Legislatura.

Las páginas “Portal Revolución”, “Ruleta Política” y “Expediente Chiapas” modificaron y difundieron imágenes fuera de contexto. El objetivo, según el IEPC, fue construir una narrativa sexista que desacreditara la trayectoria de las legisladoras, atribuyendo su avance político a una supuesta relación personal.

La autoridad electoral subrayó que estas acciones rebasan la libertad de expresión. No constituyen crítica válida, sino una agresión digital, psicológica y simbólica.

“Las personas infractoras modificaron, difundieron y presentaron fuera de contexto imágenes y mensajes… atribuyéndole una relación personal con otra persona y construyendo a partir de ello una narrativa orientada a descalificarla públicamente”, señaló el IEPC.

El órgano explicó que la libertad de expresión protege la crítica al ejercicio público, pero no cuando el mensaje se centra en la vida privada con un enfoque de género.

Las medidas impuestas

Las sanciones incluyen: una disculpa pública escrita que deberá permanecer 30 días en cada página; multas individuales de 200 UMAs (entre 22,628 y 23,462 pesos); y la inscripción en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres durante un año y cuatro meses. Además, los responsables deberán tomar un taller especializado en género.

El IEPC destacó que este tipo de violencia afecta no solo a las víctimas directas, sino que desalienta la participación de otras mujeres en la vida pública, al reforzar la vigilancia sobre su vida privada y sexualizar sus relaciones.