Mecanismos de una Red de Corrupción Institucional
La Fiscalía General de la República (FGR) ha develado los intrincados mecanismos de una sofisticada red de corrupción institucional al interior de la Secretaría de Marina, específicamente en la Aduana de Tampico. De acuerdo con las indagatorias consultadas, los hermanos Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y Contralmirante Fernando Farías, operaban mediante un sistema de intermediarios para facilitar el desembarco ilegal de embarcaciones cargadas con huachicol fiscal.
El modus operandi consistía en el pago de sobornos millonarios a subalternos, con una tarifa fija de un millón setecientos cincuenta mil pesos por cada buque que era autorizado a descargar ilícitamente dentro de los recintos fiscales controlados por la institución. Esta operación no era espontánea, sino el resultado de una estructura deliberada y sistemática que aprovechaba la cadena de mando y la opacidad en los procedimientos aduaneros.
El Testigo Protegido y la Cuantificación del Fraude
La figura central que ha permitido desentrañar esta trama es el ex Director de la Aduana de Tampico, Capitán Alejandro Torres Joaquín, quien actualmente se encuentra bajo el esquema de testigo protegido colaborando con las autoridades. Su testimonio, rendido ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, proporciona datos precisos y cuantificables sobre la magnitud de la operación ilícita.
Torres Joaquín admitió haber permitido personalmente el desembarque de catorce buques con combustible de procedencia ilícita entre abril de 2024 y enero de 2025. Los pagos de los sobornos se efectuaban con un retraso de tres días a una semana posterior a la zarpa de las embarcaciones, siguiendo un protocolo diseñado para evitar sospechas y rastreos inmediatos.
Sin embargo, el análisis de su declaración revela un segundo nivel de desvío dentro de la propia red delictiva. De cada pago de 1.75 millones de pesos que recibía para distribuir entre sus once subordinados, el Capitán Torres confesó que sólo repartía 330 mil pesos entre seis de ellos, apropiándose ilegalmente de un millón cuatrocientos veinte mil pesos por cada operación. Este desfalco interno demuestra la profunda descomposición y la avaricia que caracterizaba a la organización.
El cálculo total del beneficio ilícito obtenido únicamente por Torres asciende a diecinueve millones setecientos ochenta mil pesos, derivados de los catorce buques, mientras que el monto total repartido entre sus colaboradores directos fue de cuatro millones setecientos veinte mil pesos.
Los Intermediarios y la Estructura Logística
La investigación judicial identifica al Capitán de Corbeta Retirado Miguel Ángel Solano Ruiz como uno de los principales nexos de enlace entre los altos mandos navales implicados y los funcionarios aduaneros en terreno. Según el testimonio, Solano Ruiz, quien se encuentra prófugo y cuenta con una orden de aprehensión en su contra, se comunicaba de manera encubierta utilizando la aplicación de mensajería cifrada Threema, bajo el alias “NK”.
El uso de tecnología de encriptación y la evitación del contacto físico directo evidencian un alto grado de sofisticación y conciencia delictiva destinada a dificultar el rastreo por parte de las autoridades. El testigo relató que, si bien nunca conoció personalmente a Solano Ruiz, este individuo jugó un papel crucial en su instalación en el cargo, incluso facilitándole el nombramiento de dos subdirectores para consolidar su control operativo sobre la aduana.
“Preguntando entre conocidos del medio naval, hicieron referencia a que se trata de un Capitán de Corbeta Retirado de nombre Miguel Ángel Solano Ruiz, a quien no tengo el gusto de conocer en persona y cuyo nombre no me suena. Solo sé que es una persona que tiene que ver con el sistema aduanal en México y que tiene muchos contactos en puestos de alto nivel en el Gobierno. De ahí en fuera no sabe nada más de él”, detalló el testigo en su declaración.
La investigación ha llevado a la detención de catorce personas, entre las que se encuentran el Vicealmirante Roberto Farías –sobrino político del ex Secretario de Marina, Rafael Ojeda– y los seis subalternos con los que el Capitán Torres compartió parcialmente los sobornos. La nómina de detenidos incluye al Capitán Carlos Estudillo Villalobos, Subdirector de Operaciones; al Capitán Sergio Varela, Subdirector de Vigilancia y Control; y a Endira Xóchitl Palomo Chávez, ex Jefa de Departamento de Recintos Fiscales.
Completan la lista Perla Elizabeth Castro Sánchez, Jefa de Departamento y Operaciones; así como Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez e Ismael Ricaño Matías, ambos verificadores de mercancías. Todos ellos se encuentran tras las rejas, enfrentando cargos por su presunta participación en esta vasta red de corrupción y delincuencia organizada.
Este caso no sólo ilustra un esquema de desviación de recursos y enriquecimiento ilícito, sino que también pone en evidencia las vulnerabilidades estructurales que pueden ser explotadas por organizaciones criminales para cometer defraudación fiscal a gran escala, con la complicidad de funcionarios públicos encargados de la seguridad nacional.
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