Un lunes cualquiera en Chihuahua, o no tanto
Parece que los lunes no solo son duros para el común de los mortales. La Fiscalía General de la República (FGR), en un arrebato de puntualidad envidiable, decidió que este inicio de semana era el momento perfecto para darle un abrazo institucional al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez. ¿El motivo? Su presunta y siempre negada amistad con el delito de lavado de capitales. Fuentes federales, esas que siempre saben más que nosotros, confirmaron la jugada. El exmandatario priista, que disfrutaba de un cómodo régimen de libertad condicional mientras enfrentaba otros alegres asuntitos de corrupción, fue invitado a una reunión urgente en la ciudad que un día gobernó. Qué casualidad, ¿verdad?
De paseo por El Altiplano: un viaje no solicitado
Duarte, quien ejerció de mandamás en la entidad entre 2010 y 2016 (período que, según las investigaciones, fue bastante creativo a nivel contable), no se quedará a disfrutar del clima chihuahuense. Su próximo destino es el exclusivo Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano. Un complejo residencial de máxima seguridad en el Estado de México, reservado para huéspedes que, supuestamente, cometieron fechorías de alto impacto. Todo un detalle. Esta detención es el broche de oro a una investigación de meses, que parte de un capítulo anterior: la extradición del exgobernador desde Estados Unidos en 2022. En ese entonces, Chihuahua lo reclamaba por joyitas como desviación de fondos y enriquecimiento inexplicable. Parece que el menú de cargos acaba de ampliarse.
Durante la era del exgobernador panista Javier Corral, se documentó un agujero en las arcas públicas de unos 6.000 millones de pesos. Una miseria, vaya. Dinero que, según las pesquisas, encontró una forma muy cariñosa de beneficiar a Duarte, materializándose en propiedades en México y Estados Unidos. Tras su regreso a suelo patrio, y bajo el gobierno estatal de María Eugenia Campos, el exmandatario disfrutó de ciertas facilidades procesales. Esta situación generó más de un gesto de desaprobación desde el Gobierno federal, que señaló –con toda la ironía que la realidad supera– el mensaje de impunidad que se enviaba. Porque nada dice “creemos en la justicia” como dejar pasear a alguien acusado de desfalcar miles de millones.
Un golpe de timón (o de fiscalía)
La trama tiene un giro burocrático-delicioso. Durante año y medio, la Federación gestionó con Estados Unidos el permiso para poder enjuiciar a Duarte por delitos federales. Resulta que la extradición inicial venía con condiciones, como si fuera una oferta de teléfono celular, limitando los cargos que se podían presentar. La ansiada autorización llegó la semana pasada. ¿A alguien le sorprende que la justicia se mueva a la velocidad de un trámite postal? Con este visto bueno en mano, un juez federal emitió la orden de aprehensión que la FGR ejecutó con celo este lunes. Este caso representa el primer gran movimiento mediático –perdón, quise decir golpe relevante– de la Fiscalía bajo la batuta de Ernestina Godoy, quien recientemente tomó las riendas tras la salida de Alejandro Gertz Manero. Vaya manera de estrenar el cargo, dejando claro que no se anda con jueguitos.
En resumen, tenemos a un exgobernador, una acusación millonaria de lavado de activos, una extradición, libertades condicionales polémicas y una nueva fiscal haciendo su primera jugada maestra. La política en Chihuahua, y la lucha contra la corrupción en México, siguen escribiendo capítulos que superan cualquier telenovela. Solo queda preguntarse: ¿será este el final de la saga o simplemente un nuevo episodio lleno de apelaciones y recursos legales? El tiempo, y los tribunales, lo dirán. Mientras tanto, la ciudadanía observa, entre el escepticismo y la esperanza, si este acto de aplicación de la ley marca un punto de inflexión real o es solo un espectáculo más en el circo de la justicia mexicana.
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