Contexto y antecedentes de la reforma
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un mandato el 1 de febrero de 2024, exigiendo al Congreso de Jalisco establecer una Fiscalía Especializada en Investigación de Tortura. Esta disposición se alinea con la Ley General en Materia de Tortura, promulgada en 2017, que obliga a todas las entidades federativas a crear instituciones dedicadas a combatir este delito. La resolución judicial respondió a la falta de avance en la implementación de dicha ley, a pesar de su antigüedad.
Presión judicial y aprobación legislativa
El 18 de marzo, un Juzgado de Distrito emitió un ultimátum advirtiendo sanciones, incluida la posible separación de cargos para los legisladores, si no cumplían con la orden. Ante esto, el Pleno del Congreso de Jalisco aprobó una reforma constitucional el 30 de mayo de 2025, dando luz verde a la creación de la Fiscalía. Esta dependerá orgánicamente de la Fiscalía General del Estado y se prevé que inicie operaciones en 2026, tras ajustes legales y presupuestales.
Funciones y alcances de la nueva Fiscalía
Según el texto reformado, la institución tendrá la responsabilidad de investigar, perseguir y ejercer acción penal en casos de tortura, así como diseñar estrategias de prevención. Su creación no solo cumple con un mandato legal, sino que busca abordar un problema estructural en Jalisco, donde prácticas inhumanas han sido vinculadas a otros delitos graves, como la violencia organizada.
Desafíos logísticos y financieros
El Congreso dispone de 180 días para adaptar leyes secundarias, mientras que el Ejecutivo estatal debe garantizar los recursos administrativos y financieros necesarios. La diputada Claudia Murguía (PAN) destacó la importancia de priorizar el presupuesto para evitar que la Fiscalía quede solo en el papel. Por su parte, José Luis Tostado (MC) subrayó que la aprobación cierra un rezago de casi un año, pero enfatizó la necesidad de gestiones concretas para su operatividad.
Implicaciones y proyecciones
La creación de esta Fiscalía representa un avance en la protección de derechos humanos y la rendición de cuentas en Jalisco. Sin embargo, expertos señalan que su éxito dependerá de la autonomía real, la capacitación de sus integrantes y la voluntad política para asignarle recursos suficientes. Además, su implementación podría sentar un precedente para otras entidades con rezagos similares.
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Fuentes: Resolución SCJN (2024), Ley General de Tortura (2017), Congreso de Jalisco (2025).




