Un hecho que conmociona a Coahuila
La tarde de este jueves, la tranquilidad de General Cepeda se vio interrumpida por un episodio lamentable que ha generado indignación. Pablo Salas Aguirre, exalcalde del municipio, fue detenido por agentes municipales tras ser señalado como responsable de agredir a varias mujeres durante un intento de desalojo. Este suceso no solo ha sacudido a la comunidad local, sino que también ha reabierto el debate sobre el abuso de poder y la violencia de género.
Los hechos que desencadenaron la detención
Según testimonios de vecinos, los hermanos Juan y Pablo Salas Aguirre, ambos exalcaldes por el PAN, llegaron a una vivienda con la intención de ejecutar una orden de desalojo, supuestamente avalada por un juez. Sin embargo, lo que ocurrió después dista mucho de un procedimiento legal pacífico. En videos compartidos en redes sociales, se observa a los hermanos ingresando a la propiedad sin la compañía de autoridades policiales o judiciales, lo que derivó en un enfrentamiento físico.
Durante la confrontación, Lorena Téllez, una de las residentes, fue derribada al suelo, quedando visiblemente afectada. Los ocupantes de la casa denunciaron que, tras el altercado, los hermanos Salas Aguirre abandonaron el lugar, dejando a varias mujeres con lesiones, y comenzaron a lanzar piedras contra la vivienda. La situación escaló hasta requerir la intervención de la Policía municipal, que logró detener a Pablo Salas, mientras que su hermano Juan evitó el arresto refugiándose en su domicilio.
Repercusiones y demandas de justicia
Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a Pablo Salas con la camisa desabotonada y marcas de golpes en el rostro, lo que ha generado especulaciones sobre lo ocurrido. Por su parte, Óscar Reyna, regidor panista cercano a los Salas Aguirre, declaró en un video que Juan Salas sufrió un infarto durante el incidente y acusó a policías estatales de golpear al exalcalde. Reyna exigió la intervención de la alcaldesa priista, Mayra Ramos, y del Gobierno de Coahuila para restaurar el orden en el municipio.
Este caso no solo pone en evidencia las tensiones políticas en General Cepeda, sino que también plantea serias interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y la necesidad de protocolos claros en situaciones de desalojo. La comunidad exige transparencia y justicia, mientras las autoridades enfrentan el desafío de investigar a fondo lo sucedido.
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