El diagnóstico es crudo: la ciencia mexicana está en terapia intensiva.
ProcienciaMX, un grupo de coordinación de investigadores, soltó un comunicado que no es para tomárselo a la ligera. Hablan de cuatro puntos críticos que están frenando el desarrollo científico del país. Y no son quejas menores.
Primero, lo laboral. Retrasos en pagos de estímulos académicos, cierre de programas, y trabas para armar redes internacionales por pura burocracia. ¿El resultado? Talentos que se van o se quedan sin aliento.
Segundo, infraestructura. Equipos de laboratorio que ya no dan más, sin presupuesto para renovarlos. La partida 5000, que es la clave para equipo científico, está seca. Y las convocatorias de la Secihti (antes Conahcyt) para equipamiento se redujeron al mínimo.
Tercero, la Ley General de HCTI. Incertidumbre y afectación a la libertad académica. Hay áreas que la ley simplemente no cubre, dejando a investigadores en un limbo.
Cuarto, los jóvenes. Abandono en la formación e incorporación de científicos jóvenes. Las becas de posgrado, tanto en México como en el extranjero, se redujeron.
“En nuestro país hay señales preocupantes de debilitamiento estructural en la formación de científicos, humanistas y tecnólogos; la producción académica; la generación de patentes; la consolidación de instituciones de educación superior con capacidades robustas de investigación; y la articulación entre la ciencia, la sociedad y los sectores productivos”, se lee en el comunicado.
La propuesta de ProcienciaMX tiene tres patas.
Primero, subir la inversión pública a un mínimo de 0.5% del PIB para ciencia, tecnología e innovación. Suena poco, pero el promedio mundial es de 2.0%. Proponen incrementos anuales de 0.1% del PIB, lo que serían unos 35 mil millones de pesos adicionales por año. Eso sí, destinados a los cuatro puntos críticos.
Segundo, que se reconozca la investigación como inversión estratégica, no como gasto. Esencial para el desarrollo del país.
Tercero, garantizar que la comunidad científica —incluyendo universidades privadas— y otros actores sociales y privados participen en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas del sector.
El objetivo final: abrir paso a una nueva Ley de Ciencia que responda a las necesidades reales del desarrollo científico actual. Porque, como dice el documento, lo que tenemos ya no da para más.
La película es clara: si no se invierte, el conocimiento se apaga.
