a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG), informa que un grupo interinstitucional conformado por autoridades estatales, federales y municipales de Tijuana pusieron en marcha un protocolo de reubicación de los 382 ocupantes del campamento migrante de El Chaparral hacia espacios que permitan mayor seguridad para los ocupantes
Catalino Zavala Márquez, secretario general de Gobierno de Baja California, explicó que la acción en específico tendrá consecuencias directas en la calidad de vida, la salud y derechos de los migrantes, además de que en todo momento se integró la perspectiva de género y la inclusión de grupos en condiciones de vulnerabilidad.
Dentro del Gobierno del Estado, participó la SGG, la Subsecretaría de Asuntos Migratorios, la Coordinación de Protección Civil Estatal, DIF Baja California, la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Salud del Estado, el Instituto de la Mujer y la Dirección de Asuntos Binacionales.
También formaron parte varias instancias del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, la Guardia Nacional, los organismos de Derechos Humanos estatal y federal, así como organizaciones internacionales pro defensa del migrante.
Se trató de cuatro puntos de destino final al cual fueron reubicadas las personas tomando en cuenta en todo momento la diversidad de condiciones de cada grupo, siendo divididos en: 59 familias de padres e hijos, 27 núcleos madre hijos, cuatro mujeres solas, 33 hombres solos, tres integrantes de la comunidad LGTB, dos personas con discapacidad y dos mujeres embarazadas.
Quedó constatado ante el resto de las autoridades que los migrantes tuvieron claro el interés de brindarles protección, seguridad y salubridad, por lo que Zavala Márquez enfatizó que el movimiento de este domingo 6 de febrero tuvo lugar en total orden.
El gobierno de Baja California atenderá las necesidades básicas de los migrantes, como ropa, comida, servicio médico, atención psicológica y asesoría legal, además de que las organizaciones civiles y activistas que los apoyan con sus procesos de asilo político tendrán acceso a los espacios donde la comunidad migrante estará albergada.
