El Congreso del Estado ha aprobado un enérgico exhorto dirigido a la Fiscalía General del Estado (FGE), al Poder Judicial del Estado (PJBC), al Mecanismo Estatal de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California, así como a los Ayuntamientos, con el objetivo primordial de asegurar una adecuada diligencia en caso de ataques dirigidos contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Este importante punto de acuerdo surge a partir de diversas propuestas presentadas por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, así como los diputados Juan Manuel Molina García y Ramón Castorena Morales. Durante la sesión, la diputada Michel Sánchez presentó los motivos detrás de esta iniciativa, enfatizando que “los ataques, descalificaciones y crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos deben ser una prioridad para todas las autoridades”, dado el crucial papel que desempeñan en la sociedad.
El exhorto también solicita a la FGE, PJBC y a los ayuntamientos la implementación de capacitaciones con enfoque de género para los servidores públicos, destinadas a abordar estos incidentes y otros ataques que hayan ocurrido en la entidad. Según la diputada Michel Sánchez, esta medida busca evitar la impunidad y prevenir efectos amedrentadores sobre otros periodistas y defensores de derechos humanos.
La XXIV Legislatura del Estado emite un atento y respetuoso exhorto a Ma. Elena Andrade Ramírez, Fiscal General del Estado, y al Presidente del PJBC, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, solicitando la incorporación del estándar de debida diligencia en el caso y la aplicación de los mecanismos jurídicos necesarios para evitar obstrucciones en la investigación sobre los daños sufridos por la periodista Yolanda Caballero Jacobo, presuntamente relacionados con su labor profesional.
Además, se realiza un respetuoso exhorto al Mecanismo Estatal de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California, a través del Lic. Alfredo Álvarez Cárdenas, Secretario General de Gobierno del Estado, instándolos a revisar la herramienta de evaluación de riesgo y el plazo para el análisis preliminar de riesgo y emisión de Medidas Urgentes de Protección.
