Estímulo fiscal para turistas en cruceros: detalles y beneficios

El gobierno mexicano implementará un estímulo fiscal dirigido a pasajeros extranjeros que ingresen al país por primera vez mediante embarcaciones de cruceros. Esta medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), busca dinamizar el sector turístico y fortalecer la competitividad de la industria marítima. El beneficio consiste en un crédito fiscal equivalente al monto total o parcial de los derechos migratorios aplicables.

Mecanismo de cálculo y periodos de aplicación

El cálculo del incentivo se basa en una fórmula específica que considera dos variables clave: el factor del periodo y el tipo de cambio publicado por el Banco de México (Banxico) para obligaciones en dólares. Según el decreto:

• Julio 2025 – julio 2026: Factor de multiplicación 5.
• Agosto 2026 – junio 2027: Factor de 10.
• Julio 2027 – julio 2028: Factor de 15.
• Agosto 2028 – septiembre 2030: Factor de 21.

El resultado obtenido podrá aplicarse como descuento sobre los derechos establecidos en el Artículo 8, Fracción I de la Ley Federal de Derechos, que cubren trámites migratorios para visitantes sin permiso laboral.

Beneficios extendidos para reingresos

La normativa incluye una disposición especial para viajeros que reingresen al territorio nacional en el mismo crucero durante su travesía turística. En estos casos, se otorgará un crédito fiscal del 100% sobre los derechos migratorios, siempre que se cumplan los requisitos de elegibilidad. Esta flexibilidad busca simplificar los procesos para las navieras y agencias operadoras.

Facilidades administrativas y rol del SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está autorizado para emitir reglas complementarias que agilicen los pagos mediante convenios con empresas navieras. Estas disposiciones permitirán centralizar trámites y reducir cargas burocráticas para los turistas, alineándose con estrategias internacionales de promoción turística.

Impacto económico: La medida refleja un esfuerzo por recuperar el flujo de cruceros tras crisis globales, posicionando a México como destino prioritario en rutas marítimas. Expertos estiman que podría incrementar en un 12% la llegada de embarcaciones a puertos nacionales para 2026.

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Transformación del sistema antimonopolio en México

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la extinción de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y su sustitución por la Comisión Nacional Antimonopolios, un organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Economía. Esta decisión, respaldada por 302 votos a favor frente a 113 en contra, modifica sustancialmente el marco regulatorio de competencia en el país, con implicaciones técnicas, políticas y económicas.

Cambios estructurales y controversias

La nueva Comisión reducirá de siete a cinco el número de consejeros y acortará sus periodos de nueve a siete años. Además, otorga al Ejecutivo federal facultades previamente reservadas al Senado, como el nombramiento y remoción de comisionados —sujeto a ratificación de la Cámara alta—. Se elimina también la capacidad del presidente de la Comisión para promover controversias constitucionales, y las investigaciones contra funcionarios se transferirán al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía.

Entre las modificaciones destacan el aumento de multas por conductas anticompetitivas y la exclusión de empresas públicas y agentes económicos en áreas estratégicas. Sin embargo, críticos como Laura Ballesteros (Movimiento Ciudadano) denunciaron que la reforma convierte al organismo en un “órgano decorativo”, al perder autonomía frente a la dependencia gubernamental. “Esto es abuso de poder”, afirmó, destacando que la Cofece generó 5,200 millones de pesos en multas y contribuyó al 0.17% del PIB entre 2022 y 2023.

Debates políticos y tensiones

La sesión parlamentaria estuvo marcada por enfrentamientos. La diputada petista Lilia Aguilar rompió el protocolo al calificar de “estupideces” los argumentos opositores, desencadenando réplicas personales. Rubén Moreira (PRI) acusó al expresidente López Obrador de endeudar al país, mientras que el panista Elías Lixa criticó el tono “fanático” del debate. Ricardo Monreal (Morena) intervino para pedir calma, aunque las tensiones persistieron, incluso con alusiones a exmandatarios como Fox y Calderón.

Desde la oposición, la panista María Angélica Granados advirtió que la reforma elimina un “contrapeso fundamental” y viola el T-MEC, al vulnerar la independencia requerida para los organismos de competencia. “Es una regresión autoritaria”, sostuvo, enfatizando el riesgo para la certidumbre de los inversores extranjeros. En contraste, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar defendió la reforma como un avance para combatir monopolios y proteger a los consumidores, especialmente en sectores como telecomunicaciones y farmacéuticos.

Implicaciones económicas y legales

La discusión técnica reveló posturas irreconciliables. Mientras la oposición insiste en que la reforma debilita la competitividad, el oficialismo argumenta que fortalece la capacidad sancionadora del Estado. Analistas señalan que el cambio podría afectar la confianza empresarial, dado el historial de la Cofece como ente autónomo. No obstante, el gobierno subraya que la reestructuración optimizará recursos y alineará las políticas antimonopolio con sus prioridades económicas.

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Investigación profunda sobre contratos de seguridad en Guanajuato

La administración actual de Guanajuato, liderada por la gobernadora Libia García, ha iniciado una investigación exhaustiva sobre los convenios de seguridad firmados durante la gestión del exmandatario Diego Sinhue Rodríguez con la empresa Seguritech, cuyos montos ascendieron a 2,800 millones de pesos. El caso cobró relevancia tras revelarse que el exfuncionario habita una residencia de lujo en Houston, Texas, vinculada a un ejecutivo de dicha compañía.

Los hallazgos clave y su contexto

Según una investigación colaborativa entre el laboratorio periodístico POPLab y la plataforma CONNECTAS, la denominada “Casa Azul”, valuada en un millón de dólares (aproximadamente 20 millones de pesos), es propiedad de Daniel Ezquenazi Beraha, directivo de Seguritech. Esta empresa, fundada por el empresario Ariel Picker, estableció operaciones en Guanajuato en 2012, durante el gobierno de Miguel Márquez, actual senador panista.

La gobernadora García enfatizó que la investigación, a cargo de la Secretaría de Honestidad, busca garantizar transparencia: “No estoy aquí para defender personas, contratos o empresas. Cualquier inquietud legítima será analizada con rigor”. Además, prometió hacer públicos los resultados para esclarecer posibles conflictos de interés.

Por su parte, Diego Sinhue Rodríguez negó ser propietario de la vivienda en Texas, argumentando en una carta enviada al periódico REFORMA que la alquila para su familia, radicada en Estados Unidos por motivos educativos. Sin embargo, la proximidad entre la empresa contratista y su lugar de residencia ha generado cuestionamientos sobre la ética en la asignación de dichos contratos durante su mandato (2018-2024).

Implicaciones y análisis institucional

Este caso refleja un patrón recurrente en México: la opacidad en contratos públicos con empresas privadas. Seguritech, especializada en seguridad privada, multiplicó su presencia en Guanajuato durante administraciones panistas, lo que exige un escrutinio detallado sobre los procesos de licitación y los beneficiarios finales.

Expertos en anticorrupción señalan que investigaciones como esta son cruciales para disuadir prácticas irregulares. “La rendición de cuentas debe incluir no solo a funcionarios, sino también a los actores privados que podrían aprovechar relaciones privilegiadas”, advierte un informe de Transparencia Internacional.

El contexto político añade complejidad al caso: tanto Sinhue Rodríguez como Miguel Márquez pertenecen al PAN, partido que ha gobernado Guanajuato por tres décadas. Esto plantea interrogantes sobre la supervisión interna y los mecanismos de control dentro del mismo grupo político.

¿Qué sigue? Los resultados de la investigación podrían sentar un precedente para auditar contratos similares en otras entidades. La ciudadanía exige respuestas claras, especialmente en un estado con altos índices de violencia, donde los recursos destinados a seguridad son críticos.

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