Proceso de Selección para el Órgano de Control de la FGR en Marcha

Las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados han iniciado formalmente las entrevistas a los aspirantes a la titularidad del Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR). Este procedimiento, de crucial importancia para la supervisión y la transparencia institucional, fue establecido mediante un acuerdo aprobado con 44 votos a favor. Dicho instrumento legal estipula que las comparecencias de los candidatos se llevarán a cabo los días 18 y 19 de septiembre, dando inicio a las 09:00 horas en el Salón de Protocolos del edificio A, en el recinto legislativo de San Lázaro.

Los legisladores integrantes de estas comisiones conjuntas disponen de un plazo perentorio hasta el 22 de septiembre para entregar las evaluaciones correspondientes a las entrevistas realizadas. Este calendario ajustado subraya la urgencia y la meticulosidad requeridas en un proceso de esta envergadura, destinado a designar a la máxima autoridad de control interno dentro de la principal institución de procuración de justicia del país.

Postulantes y una Baja Inesperada en el Proceso

De acuerdo con la información proporcionada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT), quien preside la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, el proceso de convocatoria recibió un total de 22 solicitudes de inscripción. Sin embargo, el riguroso escrutinio de los requisitos establecidos determinó que solo 18 aspirantes cumplían con los criterios exigibles para proseguir en la contienda. El panorama se complicó con una baja significativa, reportada por el diputado Javier Herrera Borunda (PVEM), presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF. El legislador informó que se recibió una comunicación formal por correo electrónico de Eduardo Loria Casanova, uno de los 18 pre-seleccionados, manifestando su desistimiento expreso y voluntario de continuar participando en el proceso de elección, reduciendo así el número de candidatos finalistas.

Intento de Ciberataque al Portal del Proceso de Selección

Un incidente de seguridad cibernética añadió una capa de complejidad al ya delicado proceso. El diputado Herrera Borunda reveló que el pasado 11 de septiembre, a las 04:50 horas, los sistemas de monitoreo detectaron y contuvieron de manera efectiva un intento de vulneración dirigido contra la página web oficial que albergaba toda la información relativa al proceso de selección del OIC de la FGR. El legislador fue enfático en aclarar que “nunca estuvo comprometido el sitio” en su integridad, sino que el evento debe catalogarse específicamente como un intento de ataque de denegación de servicio (DDoS). La finalidad del malware identificado era sobrecargar, saturar y colapsar los servidores del sistema, con el objetivo último de impedir el acceso y el registro de los ciudadanos interesados en el proceso, un acto que busca socavar la transparencia y la publicidad de la convocatoria.

Antecedentes de los Aspirantes: Señalamientos de Nepotismo y Corrupción

Un análisis detallado de los perfiles de los aspirantes, realizado mediante una revisión exhaustiva de antecedentes públicos, evidencia un historial preocupante entre algunos de los finalistas. Varios de ellos, quienes se han desempeñado como excontralores en instituciones de primer nivel como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la propia FGR y diversos tribunales locales, arrastran señalamientos públicos por presuntas prácticas de corrupción y nepotismo.

Uno de los casos más notorios es el de Claudia Lorena Martínez Jiménez. En el año 2022, fue designada comisaria general de la policía de investigación del estado de Aguascalientes, un cargo de alta responsabilidad. No obstante, en marzo del año siguiente, fue destituida de manera fulminante de sus funciones tras ser vinculada a una investigación por presuntos actos de corrupción durante su gestión, lo que mancha significativamente su hoja de servicios.

Otro perfil que genera escepticismo es el de Esther Castellanos Polanco. Anteriormente se desempeñó como directora de Atención Ciudadana y Evolución Patrimonial en el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Durante su tenure en el cargo, fue públicamente acusada por trabajadores del Instituto de haberlo obtenido mediante un claro acto de nepotismo, alegando que su designación fue producto de una recomendación directa de su hermano, el exdiputado morenista Favio Castellanos, lo que plantea serias dudas sobre los mecanismos meritocráticos.

La lista se complementa con la postulación de Sergio Eduardo Amaro Cervantes, un abogado penalista cuyo nombre está indisolublemente ligado a un vínculo familiar de alto perfil: es sobrino político de Raúl Cervantes Andrade, quien fuera titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Precisamente, este parentesco fue el centro de una controversia en el año 2017, cuando Amaro Cervantes ingresó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) bajo acusaciones de nepotismo, al alegarse que su contratación fue facilitada por su conexión familiar con el entonces procurador.

Este conjunto de circunstancias —un intento de sabotaje cibernético, la deserción de un candidato y los señalamientos contra varios aspirantes— pinta un panorama complejo para un proceso que debería ser ejemplar en términos de transparencia y ética. La designación del próximo titular del OIC de la FGR no solo es crucial para la vigilancia interna de la institución, sino que se ha convertido en una prueba de fuego para la credibilidad de los mecanismos de selección de altos cargos en México.

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