Resolución judicial impone censura previa a medio digital

El Juzgado Segundo Interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Campeche determinó este miércoles que el recurso de revocación presentado por la defensa del periódico Tribuna carece de fundamentos legales. Como consecuencia, el equipo encargado de las redes sociales del medio deberá incorporar un censor judicial para supervisar todas las publicaciones.

Contexto y alcances de la medida

Según Jorge González, exdirector de Tribuna con tres décadas de experiencia, esta decisión busca controlar la narrativa en torno al cuarto informe de gobierno de la gobernadora Layda Sansores, previsto para este viernes. “Es un intento descarado de manipular la información y silenciar críticas”, afirmó.

El fallo, emitido el 28 de julio de 2025 por la jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, exige que el medio identifique al responsable editorial de sus plataformas digitales en un plazo de 48 horas. Dicha persona quedará sujeta a un protocolo de verificación obligatoria para todo contenido relacionado con la mandataria estatal.

La medida forma parte de una medida cautelar justificada como “protección a la imagen pública”, pero expertos en derecho mediático la califican como un precedente peligroso. “Equivale a instaurar la censura institucionalizada bajo el pretexto de regulación”, advirtió González.

Implicaciones para la libertad de prensa

El periodista detalló que la resolución incluye una sanción económica de 5,657 pesos por incumplimiento, pero subrayó que el verdadero costo es el menoscabo al derecho a informar. “Se pretende eliminar cualquier análisis sobre la gestión gubernamental previo al informe oficial”, denunció.

Organizaciones como Artículo 19 ya han alertado sobre el uso estratégico de recursos legales para coartar el periodismo crítico en México. Este caso particular establece un mecanismo de vigilancia inédito: al exigir la identificación del editor digital, se individualizan responsabilidades y se generan efectos inhibitorios en el equipo de trabajo.

Analistas jurídicos coinciden en que la medida contradice estándares internacionales sobre libertad de expresión, particularmente el principio de que las restricciones deben ser excepcionales, proporcionales y nunca previas a la publicación.

Repercusiones y próximos pasos

La redacción de Tribuna evalúa presentar un recurso de amparo ante instancias federales, mientras que colectivos de comunicación preparan pronunciamientos conjuntos. Este escenario refleja una tendencia creciente de judicialización contra medios en entidades gobernadas por Morena, según documenta el Observatorio Mexicano de Libertad de Expresión.

El conflicto trasciende lo local: especialistas advierten que, de consolidarse, este tipo de resoluciones podrían replicarse en otros estados para acallar voces disidentes bajo argumentos de “protección a terceros”.

¿Te preocupa el avance de la censura en medios digitales? Comparte este artículo para visibilizar cómo las cortes locales están siendo instrumentalizadas contra el periodismo. Explora nuestra sección de libertad de prensa para más análisis sobre este tema crucial.

Un final trágico para una figura pública

La tarde de este martes se confirmó lo que muchos temían: Enrique Monroy Sánchez, exalcalde de Villa de Álvarez y rostro conocido en la política de Colima, fue hallado sin vida tras permanecer desaparecido desde el 24 de abril. Aunque las redes sociales ardieron con la noticia, las autoridades mantienen un silencio inexplicable, dejando más preguntas que respuestas sobre este caso que conmociona al estado.

Una carrera política prometedora truncada

Con apenas 43 años, Monroy Sánchez dejó huella en la administración pública. Militante del PAN, ocupó cargos clave como secretario del ayuntamiento y regidor, hasta asumir la presidencia municipal interina en 2011 tras la salida de Brenda Gutiérrez Vega. Su última aparición pública fue en territorio colimense, donde la Comisión Estatal de Búsqueda inició gestiones sin revelar avances.

La diputada federal Julia Jiménez y otras figuras ya expresaron su consternación en redes sociales. Sin embargo, la falta de pronunciamientos oficiales alimenta la especulación sobre las circunstancias de su muerte. ¿Qué ocurrió realmente durante estos meses de incertidumbre? La comunidad exige transparencia.

Un llamado a la acción

Este caso refleja la urgencia de mecanismos eficaces para proteger a servidores públicos y ciudadanos por igual. Comparte esta información para mantener viva la exigencia de justicia. ¿Te gustaría conocer más sobre historias de impacto social? Explora nuestro contenido relacionado con casos emblemáticos en México.

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Cuando la justicia se va de vacaciones (y a ti te dejan en visto)

Imagina ser el protagonista de un drama legal donde tu audiencia judicial tiene más aplazamientos que el estreno de Avatar 3. Así viven cuatro peritos forenses acusados de meter la pata en el caso del Rancho Izaguirre, mientras el sistema judicial mexicano juega al escondite con sus derechos. Spoiler: nadie está riendo.

El calendario de la fiscalía: entre vacaciones y “ya te aviso”

La abogada Cecilia Isabel Ayala Dávalos (que defiende a tres de los inculpados) lo resume mejor que un tweet virulento: “El juzgado está de vacaciones, pero eso sí, el 4 de agosto –fecha de la audiencia– vuelven como si nada”. Claro, porque reorganizar tu vida y gastar en abogados privados (porque Ciencias Forenses no paga la defensa) es tan relajante como un día en la playa. #SarcasmoOn.

El circo comenzó en mayo cuando la audiencia se pospuso por “otros asuntos” (léase: alguien olvidó agendar Zoom). En junio, ni notificación. Y ahora, con el 4 de agosto encima, los peritos siguen sin saber si el fiscal especializado en corrupción –sí, ese que impulsó el acta administrativa llena de “errores creativos”– se dignará a aparecer. ¿Motivo? La vicefiscal Blanca Jacqueline Trujillo parece tener una relación tóxica con los plazos.

Forensis y drama: cuando tu trabajo te persigue

Los cuatro expertos insisten en que advirtieron que el procesamiento del rancho no estaba completo, pero como en un grupo de WhatsApp, nadie les respondió. Ahora, además de cargar con el estigma social (porque en México juzgamos primero y preguntamos nunca), enfrentan acusaciones de abuso de autoridad y obstrucción a la justicia. Su pecado: hacer su trabajo en un sistema donde el error humano parece ser monopolio de los de abajo.

La cereza del pastel: “Son hombres comprometidos, pero la sociedad opina sin contexto”, remata Ayala Dávalos. Traducción: en la era del cancel culture, hasta un perito forense puede volverse trending topic por razones equivocadas.

¿Moraleja? Si buscas certeza legal, mejor pide un deseo a las estrellas. O prepárate para un maratón de aplazamientos digno de Netflix.

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