La Fiscalía de Sonora no se anda con juegos
Parece que el meme de “esto ya es una investigación seria” se hizo realidad en Sonora. La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó este lunes -con esa formalidad que da miedo- que ha requerido la comparecencia de servidores públicos de los tres niveles de gobierno. Sí, leyeron bien: municipal, estatal y federal. Todos están en la mira por la explosión e incendio que convirtió una tienda Waldo’s en Hermosillo en escenario de tragedia el pasado 1 de noviembre, donde perdieron la vida 23 personas.
El fiscal estatal Gustavo Rómulo Salas Chávez -que debe estar viviendo su propia temporada de Law & Order– informó que se analizan posibles sanciones penales, civiles y administrativas. Y ojo, no solo para funcionarios, sino también para los responsables del establecimiento comercial. Porque al parecer, en esta tragicomedia burocrática, todos pueden tener su share de responsabilidad en esta tragedia que dejó 23 fallecidos y 15 heridos. La investigación busca determinar si existieron omisiones dignas de los peores fails virales en supervisión, permisos y medidas de seguridad.
La maquinaria judicial se pone en marcha
“Estamos requiriendo la comparecencia de ejecutivos, gerentes y diversos servidores públicos”, declaró el fiscal con esa calma que solo tienen quienes saben que tienen el poder de citar a medio gobierno. Añadió que “una vez que contemos con toda la información, podremos determinar las figuras delictivas correspondientes”. O lo que es lo mismo: están armando el rompecabezas para ver quién se lleva el premio gordo a la cárcel.
Pero esto no es un one-man-show. La Fiscalía trabaja de manera coordinada con personal de bomberos, peritos y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para garantizar la seguridad del sitio y continuar recopilando pruebas. Hasta el momento, han realizado más de 50 entrevistas a testigos, empleados y autoridades. Básicamente, están haciendo el backstage pass más triste de la historia.
La carpeta de investigación incluye desde labores de campo hasta requirimientos de información a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la empresa Waldo’s de México. Todo para acreditar la legal operación del establecimiento, sus permisos municipales y su cobertura de seguro. Porque en estos tiempos, hasta las tragedias necesitan paperwork.
El panorama de las víctimas: entre la esperanza y el drama
Mientras la Fiscalía juega a CSI: Sonora, el secretario de Salud, José Luis Alomía, actualizó el estado de los heridos. De las 15 personas lesionadas inicialmente, solo tres permanecen hospitalizadas. Entre los pacientes graves hay un adulto mayor de 81 años y una joven de 20 años que será trasladada a un hospital especializado en quemaduras en Arizona. El traslado será aéreo en ambulancia especializada -porque cuando la tragedia pega, los gobiernos suddenly encuentran el presupuesto-. Un adolescente de 16 años permanece estable y podría ser dado de alta en las próximas 48 horas.
Por instrucción del gobernador Alfonso Durazo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) brinda acompañamiento psicológico y jurídico a los afectados. Hasta la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, expresaron su respaldo a las familias y apoyarán la gestión de pasaportes y visas. Porque aparentemente, en medio del caos, hasta el papeleo internacional se agiliza.
Y mientras tanto, en el universo paralelo de las 68 sucursales de Waldo’s en Sonora: pese al cierre anunciado, la mañana de este lunes algunas contaban con personal dentro. Como en esos finales de película donde piensas que ya terminó todo pero sale un jumpscare final. Los ayuntamientos determinaron mantener las tiendas cerradas hasta que se garantice, mediante inspecciones, que las condiciones de seguridad estructural y eléctrica sean adecuadas. O sea, hasta que estén seguros de que no vamos a repetir este episodio trágico.
La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias. Porque cuando mueren 23 personas, alguien tiene que pagar el pato. Y esta vez, parece que no se van a conformar con un chivo expiatorio cualquiera.
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