En 2017, el hijo de Marcela Saldívar Guzmán fue sustraído de la CDMX y retenido en Veracruz por su ex-esposo. Mientras tanto, el progenitor inició un juicio fraudulento para que le otorgaran el depósito del menor ahí mismo. Más tarde se hizo un cateo a su domicilio donde la Policía Federal Ministerial le ordenó al señor que entregara al menor que tenía escondido en el techo.
En noviembre del 2021, la juez de control penal dejó libre al ex-esposo, al ignorar dicho cateo que era la prueba madre del juicio para vincularlo a proceso. La juez llevó preparadas 12 hojas para leer sentencia a favor del
imputado (el ex-esposo retenedor sustractor), cuando esto es un proceso oral.
Por el contrario, el mismo ex-esposo perdió en CDMX en 2021, la patria potestad de su hijo por haberlo sustraído, retenido y violentado psicológica y económicamente.
Más adelante, en mayo 2022, en otro juicio para castigar el fraude procesal que inició el ex-esposo en 2017, la fiscal mintió al juez para sacar de la jugada al abogado de la víctima (la madre del menor, Marcela) y con ello dejarla
indefensa durante 15 minutos mientras continuó la audiencia, sin decretar receso alguno, y así no pedir ni dictar medidas cautelares contra el ex-esposo.
En la segunda parte de dicha audiencia, el juez no deja hablar al abogado de Marcela puesto que violaron sus derechos al dejarla indefensa, sin importar que era mujer. El juez sólo grita y amenaza al abogado de Marcela, para no para no dejarlo usar el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a violación de derechos humanos, el cual se puede invocar en CUALQUIER momento del proceso, y con todo esto el juez logró dejar libre al imputado (el ex-esposo).
