Jesús Zarate, exfuncionario de Política Regional de Veracruz-Boca del Río, ha denunciado un despido injustificado del gobierno del Estado, después de recibir una notificación de rescisión de contrato sin previo aviso ni firma.
Detalles del Despido
El lunes 20 de mayo, Zarate recibió un documento de la ciudad de Xalapa informándole que su contrato había sido rescindido. Zarate afirma que procederá legalmente en los próximos días debido a que no se le otorgó el finiquito correspondiente.
En una rueda de prensa, Zarate explicó que su despido se debe a supuestas críticas al gobierno estatal en redes sociales y su negativa a participar en actividades de campaña, a pesar de trabajar de lunes a lunes sin ausencias ni retrasos desde su ingreso al departamento el 3 de julio de 2017.
Contexto y Trasfondo
Zarate, diagnosticado con diabetes cuatro meses después de comenzar su trabajo, asegura que siempre cumplió con sus responsabilidades laborales. Sin embargo, menciona que en su departamento, otros empleados llegan tarde o se van temprano debido a su participación en campañas políticas, lo que él se negó a hacer. Esto, según Zarate, habría llevado a su despido.
“No me dieron ninguna razón válida ni me mostraron pruebas de las acusaciones. No quise firmar la renuncia que supuestamente redacté, por lo que me trajeron la baja definitiva y dejaron de pagarme a partir de esta quincena,” comentó Zarate.
Acciones Legales
Zarate planea interponer una denuncia ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), la instancia correspondiente para los trabajadores del estado. Este sería el único caso de despido injustificado en su área, aunque se han reportado despidos similares en otras áreas del gobierno, presuntamente bajo la dirección del titular de la Secretaría de Gobierno, Carlos Juárez.
Repercusiones y Reacciones
Este caso ha generado preocupación entre los trabajadores del estado, quienes temen que situaciones similares puedan ocurrir en otras dependencias. La denuncia de Zarate pone en el foco la necesidad de transparencia y justicia en las decisiones laborales del gobierno estatal.
