Se unifican criterios en todo México para proteger a los estudiantes y crear entornos educativos seguros y libres de violencia.
Organizaciones exigen transparencia y calidad en los protocolos contra abusos, más allá del cumplimiento de plazos administrativos.
Una impactante cifra revela la urgencia de blindar las escuelas. Las autoridades declaran la guerra al silencio.