La medida garantiza la estabilidad de los fideicomisos y reduce riesgos críticos para los participantes del mercado.
Las maniobras del gobierno mexicano para salvaguardar los activos de miles de clientes tras sanciones internacionales.
Más de 200 jueces exigen lo que les corresponde tras renunciar a la carrera electoral, mientras los fondos desaparecen misteriosamente.