La institución más importante del gobierno federal, responsable de los servicios médicos y habitacionales de millones de trabajadores en activo, jubilados y pensionados por el Estado, el ISSSTE, enfrenta fuertes problemas en el ejercicio de recursos financieros, con efectos que se reflejan directamente en insuficiencias en los servicios médicos a derechohabientes; en el esquema de préstamos personales o hipotecarios, y en ejercicio irregular de asignaciones presupuestarias a áreas fundamentales.
Esta forma de administración pública y de uso irregular de recursos fiscales, fue prevenida en múltiples ocasiones, sin el mínimo caso y menos corrección de estrategias equivocadas perjudiciales para la institución y, sobre todo, para los beneficiarios de los servicios que ofrece el ISSSTE. Entre otras maniobras, resalta la firma de un contrato por valor de 142 millones de pesos para los servicios de “imagenología”, signado por la directora de Administración, Andrea Ortiz Geniz.
Estos recursos, considerados como una desviación de objetivos y obligaciones del ISSSTE, tuvieron repercusiones totalmente negativas para las actividades hospitalarias, con efectos directos en la suspensión de cirugías programadas a pacientes del Centro Médico Nacional, lo mismo que en 14 hospitales de tercer nivel, y en 20 hospitales generales, al carecer de los sistemas de radiografías, endoscopías y de anatomía patológica.
En la sesión extraordinaria número CAAS/ISSSTE-049/2022, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ISSSTE, se adjudicó a IMEDIC, empresa proveedora y distribuidora farmacéutica, de materiales de curación, de equipos médicos e instrumentación, un contrato para servicio integral, relacionado con la gestión, digitalización, almacenamiento, procesamiento y distribución de imágenes médicas.
El valor de estos servicios se fijó en 58 millones de pesos y un máximo de hasta 144.8 millones de pesos, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022. Estos servicios los prestaba anteriormente la empresa TESI de México, a través de un contrato finalizado el 30 de junio.
Este cambio de empresa en la provisión de servicios al ISSSTE, se debió en gran medida a que, el nuevo proveedor, IMEDIC, es una empresa distribuidora de medicamentos sin la experiencia y suficiencia en el desarrollo de servicios que exigen eficiencia, eficacia, oportunidad y cumplimiento puntual en la provisión de los servicios y de logística de la institución.
Suponemos que se trata de un asunto sumamente importante, que merece una investigación a fondo, en la cual se involucren áreas de auditoría, como la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados; de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Función Pública.
Por lo pronto, la directora del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del ISSSTE, doctora Martha Alvarado, envió un oficio que precisa todas las irregularidades señaladas, a la subdirectora de Infraestructura, Mónica Arreola, y a la Jefa de Servicios Médicos, Viridiana Ruiz, para su conocimiento y corrección con la rapidez correspondiente, frente a la necesidad de tomar acciones urgentes en la solución de dichos servicios elementales.
Por otra parte, el actual director, Pedro Zenteno Santaella, quién se dice protegido por el presidente de la República se promueve para ser el abanderado del partido en el poder, Movimiento de Regeneración Nacional (morena) para los comicios del año próximo en el Estado de México.
Mientras Zenteno Santaella anda en campaña política, miles de enfermos afiliados a este instituto se quejan por la falta de atención a sus demandas de salud, no tienen diagnóstico ni atención adecuada, por lo que muchas veces tienen que acudir a médicos privados o automedicarse con el grave riesgo que esto implica.
Por si fuera poco, denuncian la nula atención por parte de los trabajadores de las áreas administrativas, quienes no les dan respuesta a sus demandas de atención inmediata.
Decenas de empleados del Instituto, ubicado en la colonia tabacalera de la Ciudad de México han sido despedidos sin justificación alguna, dicen, fueron ofendidos, agredidos y amenazados de que acepten la renuncia sin oponerse porqué de lo contrario serían boletinados y no podrían trabajar en ninguna oficina federal mientras dure la gestión de López Obrador.
Otro grupo de trabajadores afirman que ya interpusieron sus quejas y demandas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, revelan que existen subejercicios en todas las áreas administrativas, además de acoso sexual existente en diversas oficinas, mismo acoso que no denuncian por miedo a perder su empleo.
