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“Los yaquis tienen derecho a una dotación de agua”: Alfonso Durazo

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agradeció el apoyo de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR) para impulsar el distrito de riego 018, ya que los yaquis tienen derecho a una dotación de agua.

“Valoro mucho el ofrecimiento que hace la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR) de apoyar y reciban la apertura del distrito 018. Eso me da mucho gusto, porque habla de la madurez con que ustedes ven esta decisión… los yaquis tienen derecho a una dotación de agua”, expresó el ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En septiembre de 2021 el distrito de riego 18 fue transferido al pueblo yaqui para su administración y uso como parte de las acciones del gobierno federal en el plan de justicia para la etnia. En Vícam Pueblo y Pótam, las dos cabeceras tradicionales del pueblo yaqui, se realizó un proceso de consulta sobre si se aceptaba o rechazaba el decreto.

El gobierno de Sonora y la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR) estrecharon su acercamiento con la participación del gobernador Alfonso Durazo Montaño en los trabajos de la Junta Extraordinaria de Consejos de Administración y Vigilancia, con el fin de garantizar el abastecimiento de agua y el saneamiento.

El mandatario estatal agradeció el acercamiento por parte de la ANUR y explicó la relevancia de este tipo de acciones, pues el trabajo conjunto entre productores y autoridades es fundamental para sacar adelante al estado.

El presidente de ANUR, Alejandro Salcedo Ruíz destacó que la instancia agrupa a más de 580 mil productores agrícolas a lo largo del país, a la par que su infraestructura coadyuva en la distribución del agua, misma que es un derecho humano.

“Como usuarios de riego y concesionarios de la infraestructura hidroagrícola que tenemos a nuestro cargo, en los módulos hacemos llegar el vital líquido para su consumo a millones de mexicanos, principalmente en regiones muy apartadas, en comunidades vulnerables, pero también en situaciones de emergencia”, dijo.

Durazo Montaño firmó un decreto que dejó sin efecto una serie de medidas adoptadas por la administración anterior que complicaba la movilización de productos agropecuarios, particularmente ganado, de los centros de producción a los centros de venta.

“No sólo incrementó el número de trámites, sino que incrementaron también los costos. He dejado sin efectos este decreto para simplificar esos movimientos, ahorrarle trámites a la gente y, por supuesto, ahorrarle tiempo y costos”, explicó.

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