CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión Permanente de la XVI Legislatura emitió la convocatoria para las personas interesadas en participar en el proceso de designación de una magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del estado.
Lo anterior, luego de aprobarse el 24 de diciembre de 2021 la renuncia de Fernando Gama Rodríguez al cargo que venía desempeñando con efectos a partir del 31 de diciembre. La Comisión emitió la convocatoria pública con la intención de que el Pleno haga la designación en tiempo y forma.
Los interesados deben presentar una solicitud dirigida a la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Congreso, acompañada de una copia simple de una identificación oficial, ser ciudadano mexicano por nacimiento, contar con la ciudadanía quintanarroense, ser licenciado en derecho y tener cédula profesional.
Además de gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, contar con experiencia en materia fiscal, administrativa, fiscalización, responsabilidades administrativas, combate a la corrupción o rendición de cuentas.
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La documentación tiene que ser presentada en un plazo de cinco días hábiles, y una vez que se venza el plazo, la Comisión correspondiente revisará y analizará las solicitudes para corroborar que cumplan con los requisitos, y podrá requerir más información en caso de ser necesario.
Posteriormente acordará el formato y fecha de las entrevistas que serán transmitidas por redes sociales, y ya agotadas las etapas de esta convocatoria se hará una lista de las personas que hayan cumplido con los requisitos y será el titular del Poder Ejecutivo el que remita el documento con más de dos aspirantes para que la designación recaiga en los integrantes del Congreso.
Este Tribunal es competente para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal, municipal y los particulares, imponer en términos que la ley disponga sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.
Así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.
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