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CANCÚN, Q. ROO.- Tras la aprobación de la reforma al artículo 186 bis del Código Penal del estado, la organización Observatorio Quintana Roo afirmó que esta es una modificación que debe ser correctamente analizada, particularmente por las implicaciones que tiene en materia de anticorrupción y protección de derechos, por lo que buscarán enviar una carta a la Secretaría de Gobierno estatal para tratar el asunto.
La reforma, que busca imponer una sanción de entre 2 y 4 años a los conductores que manejen en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias que impidan o perturben su conducción, es poco clara en cuanto a cómo se establecerán las sanciones, cómo se acreditarán las detenciones, entre otros aspectos, opinó Eduardo Galaviz, presidente del Observatorio.
Esto, abundó, complica el combate a la corrupción, pues la Ley podría implicar que no sean sólo los agentes de Tránsito quienes puedan realizar las retenciones de conductores, sino también Policía Estatal e incluso Guardia Nacional, sin que se especifique cuál será la capacitación que reciban o cómo se les brindarán las herramientas necesarias.
Además, la falta de especificaciones en cuanto a cómo se designará la sanción podría abrir las puertas a que no sólo aumente el número de posibles agentes que podrían pedir una “mordida”, sino que también podría aumentar el costo de estas “mordidas” e incluso llegaría a afectar no sólo a los quintanarroenses, sino a los turistas que visitan el estado.
Recordó que una de las razones por las cuales los operativos de Alcoholímetro tienen las reglas y medidas que tienen, que incluyen el análisis sobre los puntos donde se instalarán, es para evitar violaciones al artículo 16 constitucional, algo que la nueva legislación podría violar, así como varios puntos de las reglamentaciones municipales.
En este mismo sentido se expresó Jorge Arturo Sanen Cervantes, regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez, quien indicó que, si bien es necesario combatir el problema de personas conduciendo bajo efectos de alguna sustancia, esto no se debería de hacer a través de su criminalización.
Galaviz y Sanen Cervantes apuntaron también que, mientras que el Ayuntamiento está trabajando en un programa de Alcoholímetro con medidas más orientadas a las penas monetarias o trabajo comunitario, así como concientización de los conductores, esta modificación al Código Penal va en el sentido contrario.
En específico, Sanen Cervantes dio a conocer que el programa de Alcoholímetro del Ayuntamiento tendrá que volver a revisarse, una vez que se haga el análisis completo de lo que implica la nueva reforma, si bien indicó que por lo demás está ya listo para su aprobación.
