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CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que el Congreso de Quintana Roo abrogó la concesión a Aguakan para operar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, la empresa anunció ayer que le concedieron un amparo para que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran.
A propuesta de Morena, los diputados locales avalaron el 22 de diciembre, por unanimidad, anular el decreto de diciembre de 2014, con el que autoridades estatales otorgaron a Aguakan la ampliación de la concesión por 30 años contados a partir de este 31 de diciembre de 2023, cuando finaliza el contrato inicial.
Sin embargo, la empresa anunció en un comunicado que se le otorgó una suspensión provisional, con la cual podrá continuar brindando sus servicios “después del 1 de enero del 2024 y hasta el 31 de diciembre del 2053, en los términos y condiciones previstos en el título de concesión otorgado en su favor, incluyendo las modificaciones al mismo”.
La empresa Aguakan presentó el amparo al considerar ilegal la abrogación de la concesión para operar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos y advirtió que el Gobierno de Quintana Roo deberá pagar una indemnización millonaria.
La decisión del Congreso, señaló el diputado morenista Luis Humberto Aldana se debió a las quejas constantes por el servicio de agua y cobros excesivos.
Lo anterior provocó la inconformidad de la compañía, por lo que sus directivos interpusieron un amparo en el Juzgado Octavo de Distrito con sede en Cancún el día 26 de este mes.
Ayer, la empresa informó que se admitió a trámite la demanda de amparo, concediéndose la suspensión provisional a favor de DHC-Aguakan, por lo que continuarán operando como hasta ahora.
“Con ello se confirma el derecho de la concesionaria para continuar brindando, sin afectación o interrupción, los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad en Quintana Roo, inclusive después del 1 de enero del 2024 y hasta el 31 de diciembre del 2053, en los términos y condiciones previstos en el título de concesión otorgado en su favor, incluyendo las modificaciones al mismo”, indicó en el comunicado.
Previamente, la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, señaló que se realizó un estudio en el que se observó que la ampliación tenía vicios jurídicos y afirmó que el servicio de agua potable estaba garantizado para la población.
“Se detecta que tiene vicios, por lo tanto, lo que se hace es cancelar, abrogar en términos estrictamente jurídicos el decreto que amplía la concesión por más tiempo. Es decir, tiene sus efectos hasta el 31 de diciembre (de este año) y con posterioridad ese decreto queda cancelado”, apuntó.
No obstante, la versión de la empresa, difundida en un desplegado dirigido a la Gobernadora de Quintana Roo, la morenista Mara Lezama, Alcaldes de los municipios mencionados y diputados, es que se ha malinterpretado el plazo, además de reprochar que el Poder Legislativo no es la autoridad concedente.
“Pretende interpretar que el plazo de la concesión concluye este 31 de diciembre de 2023”, refirió.
La empresa recordó que dentro del acuerdo de ampliación, Aguakan pagó una contraprestación al Gobierno del Estado de más de mil 70 millones de pesos y asumió el compromiso del pago de una contraprestación periódica a dicha autoridad de más de 7 mil 900 millones de pesos.
Asimismo, destacó que más de 22.5 millones de trabajadores participan como inversionistas a través de las Afores que invirtieron en dicha empresa.
“Una cancelación ilegal de la concesión impactaría significativa y negativamente en el patrimonio de los trabajadores del País, así como en la confianza de los inversionistas en el Estado de Derecho y la seguridad jurídica de Quintana Roo”, expuso.
Advirtió que ello además generaría la obligación del Gobierno estatal y de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos, así como de autoridades concedentes de indemnizar a Aguakan y a sus inversionistas incluidos los más de 22.5 millones de trabajadores.
“Esto será en absoluto perjuicio de las finanzas públicas del Estado, ya que la indemnización deberá cubrir los muchos miles de millones de pesos invertidos por la concesionaria y sus inversionistas a lo largo del tiempo”, se advirtió en el desplegado firmado por el director general de la compañía, Paul Andrew Rangel Merkely.
En suma, Grupo Mexicano de Desarrollo y GBM Infraestructura, los principales accionistas de DHC, acusaron que los diputados locales ignoran los términos y procedimientos establecidos en el título de concesión, que imponen mecanismos para proceder contra la empresa.
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