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CANCÚN, Q. ROO.- La minera Calizas Industriales del Carmen (Calica) acumuló su tercera sentencia adversa en una decena de amparos que conforman su estrategia jurídica para tratar de revertir la clausura a sus instalaciones en los municipios de Solidaridad y Cozumel.
El más reciente revés legal fue decretado a su empresa subsidiaria Rancho Piedra Caliza, S.A. de C.V. mediante una resolución del Juzgado Noveno de Distrito en Quintana Roo, que en el juicio de garantías 30068643 negó medidas cautelares para una eventual reapertura de 120 mil metros cuadrados (m²) de instalaciones concesionadas en la Terminal Portuaria de Altura de Uso Particular de Punta Venado.
El fallo validó la cancelación del título de concesión del gobierno de México para usar y aprovechar bienes del dominio público de la Federación consistentes en una zona federal marítima para operar un patio de carga, almacenamiento y distribución de materiales pétreos localizado a la altura del kilómetro 282+600 de la carretera Chetumal-Cancún.
El permiso forma parte del expediente DGZF-079/18 emitido en el expediente 628/QROO/2017 que tiene como origen un decreto expedido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por el extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza.
La entrega de la concesión se firmó con el apoderado legal de Calica, Ernesto Enríquez Castillo, a cuya empresa se le concedió una cuarta prórroga de operación por 13 años, prevista para concluir el 20 de abril de 2037, según el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2015.
Las instalaciones de la zona federal marítima que seguirán clausuradas temporalmente la conforman 78 mil 852.38 m² en donde se construyeron tres duques de alba de más de 560 metros, pasarelas de pasajeros y de acceso, plataformas de descarga de cemento y un área de uso común de más de 21 mil m².
Igualmente, un área de tierra de 19 mil 850.655 m² sobre la cual se edificó una banda transportadora y plataforma de rieles en 2 mil 256 m² y dos pasarelas de acceso, plataforma de descarga de cemento, dos áreas y seis rampas de amarre, base para grúas e instalaciones de señalamientos de protección sobre una superficie de 527.26 m².
En la concesión de operación de la terminal portuaria de altura de Punta Venado se asentó que Calica debía pagar anualmente una contraprestación equivalente al 7.5 por ciento del valor del área concesionada, cuya modificación monetaria se haría mediante un avalúo cada cinco años.
La sentencia del juez federal justificó que la cancelación del permiso federal se dio por la falta de cumplimiento de alguna de las 18 causas previstas en el documento, pero también cuando con la concesión origine un acaparamiento contrario al interés social o si los bienes de los que se trate estén programados para la creación de reservas nacionales o exista algún motivo fundado contrario al interés público.
A la sentencia contraria a la minera se sumó un sobreseimiento decretado por el Juzgado Noveno de Distrito en Quintana Roo, en el amparo número 30030599, el pasado 3 de agosto, la cual negó la protección federal a la misma compañía que actualmente opera bajo el nombre comercial de SAC-TUN.
En ese reclamo, la minera pidió medidas cautelares para conservar el mismo título de concesión para operar el recinto portuario de Punta Venado, pero agregó a la misma demanda la revocación de autorización de salida de mercancías de territorio nacional por un lugar distinto al autorizado por la Dirección General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Un tercer amparo con sentencia adversa a la minera se dio en el mismo Juzgado, pero bajo el caso 30068578 el 18 de agosto del presente año, con el cual la compañía trató de obtener medidas cautelares contra las órdenes de cancelación y/o revocación del título de concesión DZF-292/92 que forma parte del expediente 53/21575.
El permiso reclamado autorizó la operación de un banco de materiales pétreos en el Municipio de Solidaridad, mediante un decreto firmado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología el 31 de marzo de 1992, el cual renovó el entonces titular Alejandro Hurtado en el mandato de Enrique Peña, el 28 de octubre de 2016.
