#QuintanaRoo •
CHETUMAL, Q ROO.- En política se ha comprobado la existencia de la “economía de odio” mediante la cual se crean campañas de distorsión y falsa información para golpear mediáticamente a grupos contrarios a quienes la utilizan, con la cual buscan ensuciar la imagen y credibilidad de las víctimas de esta estrategia.
Además, el incremento de las leyes que buscan regular la labor periodística, así como la aparición y contratación de empresas de difusión a modo son la mayor amenaza para los medios de comunicación reconocidos y certificados.
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Así lo advirtió el reconocido catedrático y conferencista sobre derechos humanos, Adalberto Martínez López, al advertir sobre la necesidad de recuperar el periodismo de investigación, y de otros tipos, que llegan a la audiencia con información de calidad, así como recomponer la forma del quehacer adaptándose a los nuevos tiempos y tecnologías.
Méndez López ofreció este jueves en Chetumal la conferencia “Libertad de Expresión y Discurso de Odio”, auspiciado por el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo).
Ahí dio a conocer que, desde la campaña política para llegar a la Presidencia de Estados Unidos, Barak Obama fue la primera víctima documentada de la “economía de odio”, al ser denostado por una o varias empresas con una estrategia dedicada a destruir su imagen, aunque con poco éxito.
Actualmente en política, dijo, la utilización de estas estrategias y campañas negras son sistemáticas.
“Se puede pagar varios niveles, entre 1, 2 y hasta el premium, que tienen hasta memes ofensivos o videos de contenido sexual para acabar con alguna imagen…son empresas que se dedican a usar las redes sociales, pagadas por otras empresas para denostar la imagen pública de la persona”, explicó.
Aseguró que se trata de un negocio muy rentable y que genera mucho dinero, al ser utilizado por medios oficiales o particulares para acabar con sus competencias o a quienes consideran sus detractores, utilizando hasta inteligencia artificial para crear falsos videos o audios que se reproducen en redes sociales.
En este sentido consideró necesario que también se revise la legislación que regula la libertad de expresión y se aterricen reglas claras sobre la contratación, de parte de los gobiernos, de empresas de comunicación que, si bien por un lado difunden su labor y obras oficiales, también dispersan ideologías de odio contra determinados personajes.
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