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CHETUMAL, Q. ROO.- Desde la defensoría pública del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) se ofrece asesoría y representación legal gratuita en casos contenciosos-administrativos de tipo político, sin embargo, hasta el momento ha sido poco utilizado este organismo que desde su creación sólo ha atendido 13 expedientes.
A un año de iniciar operaciones de manera oficial, la defensoría pública electoral no ha sido aprovechada por los ciudadanos que han sido posiblemente vulnerados en sus derechos político-electorales.
Atendió 12 casos en 2023 y apenas uno en lo que va de 2024, a pesar de tratarse de un año electoral.
El titular de este organismo que tiene su origen y sus bases en el Teqroo, Harley Sosa Guillén, llamó a la población para hacer uso de este mecanismo legal, el cual puede representar y asesorar a ciudadanos en juicios de materia electoral, cuando consideren se violenten sus derechos político-electorales.
La defensoría representó con éxito, en 2023, a diversos grupos minoritarios en juicios con sentencia positiva rumbo a la construcción de acciones afirmativas y reformas legales que garanticen y protejan su derecho a votar y ser votados, además de obligar a los partidos políticos a brindar espacios en las candidaturas a puestos de elección popular, entre otros.
En diversos juicios se logró que los magistrados del Teqroo ordenen al Poder Legislativo a reformar las leyes y garantizar a través de ellas, no sólo desde acciones afirmativas por acuerdos de la autoridad electoral, espacios obligatorios en las candidaturas a todos los cargos de elección popular, explicó Sosa Guillen
En este año, la defensoría representó en un juicio para la defensa de sus derechos político-electorales al aspirante a candidato independiente Alexander Dorado Dzul, quien recibió una sentencia favorable para devolverlo al procedimiento legal rumbo a la candidatura sin partido por el Ayuntamiento de Othón P. Blanco.
Para los siguientes meses, de acuerdo con Sosa Guillén, se prevé un incremento en las actividades de esta defensoría pública, con el avance del proceso electoral local, el cual vislumbra como una de las elecciones más judicializadas.
En la agenda de la defensoría pública se asegura priorizar los derechos relacionados a los procesos de participación ciudadana previstos en la ley de la materia, en especial, a grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica, como las mujeres, en casos de paridad y violencia política de género; personas de comunidades y pueblos indígenas; personas con discapacidad; y personas de la diversidad sexual, entre otros.
