CHETUMAL, Q. ROO.- Una decena de extranjeros que al huir de su país padecieron una detención prolongada e ilegal con fines de deportación en la estación migratoria de Chetumal, consiguieron ser puestos en libertad para gestionar su condición de refugiados.
La orden para terminar con el indebido encierro provino de un juez federal al dictaminar que el plazo máximo de retención por cuestiones administrativas es de 36 horas, como lo establece la Constitución General.
El titular del Juzgado Sexto de Distrito de Quintana Roo recibió por separado las solicitudes de amparo contra la estancia prolongada y la retención ilegal, aunque también por desaparición y privación de la libertad y del libre tránsito.
El fallo provisional corroboró que la retención extendida de las personas con situación migratoria irregular contraviene también la Ley de Amparo y los tratados internacionales de los que México forma parte.
Como parte de las solicitudes se otorgaron en automático las suspensiones de plano y provisionales en los expedientes 30668888, 30668896, 30668901, 30668906, 30668911, 30668915, 30668919, 30668925, 30668936 y 30668925, los cuales se gestionaron el viernes pasado.
La resolución dictó que los indocumentados deberán permanecer en un domicilio de la misma ciudad de la estación migratoria para que puedan dar seguimiento al procedimiento administrativo de aspirantes a refugiados.
Sin detallar la nacionalidad ni identidad de los migrantes, se les ordenó no ausentarse sin una autorización previa y presentar una solicitud con responsiva firmada por algún ciudadano u organización social de México, que a su vez tendrán su resguardo provisional.
A las autoridades migratorias se les ordenó evitar entregarlos en custodia a la representación diplomática del país de origen del que huyeron, y se les recordó que las personas alojadas en sus instalaciones deben ser tratadas con respeto a la dignidad humana.
Lo anterior, refiere que se debe evitar el hacinamiento, asegurarse de dividir a hombres y mujeres, garantizar el derecho a la alimentación y la salud, y propiciar actividades de recreación.
En la resolución se documentó que personas extranjeras como las quejosas enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo, dada su situación, el desconocimiento de la cultura, idioma y las leyes nacionales, además el miedo a ser descubiertas por las autoridades.
Al verse orillados a huir de sus países de origen, agregó, es porque su vida, integridad, seguridad o libertad corren peligro, además enfrentan condiciones en las que viajan, cuyas circunstancias se agravan por edad, género o identidad étnica.
La resolución recordó que el acceso a la justicia de las personas extranjeras “se perfila como un derecho fundamental” desde la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (1990), la adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y la Ley General de Población.
Pero su acceso y la protección internacional “aún enfrenta barreras y obstáculos de facto”, especialmente de orden cultural (idioma, religión y el desconocimiento de la ley nacional), y de índole económico (carencia de recursos económicos para contratar una defensoría legal o costear los gastos de un juicio).
“A estas barreras se suman los trámites burocráticos, traducidos en la exigencia de requisitos adicionales; el poco tiempo del que muchas de estas personas disponen para dar seguimiento a sus procedimientos legales, sobre todo en los horarios definidos institucionalmente para ello”.
Igualmente, carecen de un domicilio estable para recibir notificaciones y tienen desconfianza de las autoridades, especialmente cuando se tienen documentados casos de corrupción de agentes migratorios, “quienes obtienen ganancias con el uso y traslado de personas migrantes”.
A lo anterior, se suma el temor de ser víctimas del crimen organizado, detenidas en una estación migratoria o ser deportadas a sus países de origen, lo que propicia ser blanco de una gran cantidad de violaciones de sus derechos humanos, “y que éstas queden impunes”.
Lo anterior es inaceptable porque, de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos por el país y las recientes reformas constitucionales, “México está obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas nacionales y extranjeras de manera igualitaria”.
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