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CHETUMAL, Q. ROO.- Una juez de Control del Poder Judicial de Quintana Roo cerró el proceso penal contra los ocho policías que agredieron a manifestantes en la explanada municipal de Cancún el 9 de noviembre de 2020.
La funcionaria encargada del proceso penal autorizó una salida judicial alterna que liberara de los cargos penales a los acusados, a través de una suspensión condicional del proceso.
Con la medida se impuso a los responsables el pago de un plan de reparación económica del daño y el cumplimiento de condicionantes a favor de las víctimas de la represión en la Plaza de la Reforma.
En la audiencia (realizada el lunes pasado) se validó la propuesta presentada por la defensa de las personas imputadas, con lo que podrán quedar en libertad al extinguirse los cargos penales del proceso en su contra.
La juez de Control Verónica Solís determinó que cada responsable deberá saldar 50 mil pesos repartidos en mensualidades durante un año, lo cual representa la entrega dividida de poco más de 4 mil 160 pesos, cuya suma es mayor a la que se acreditó y planteó el Ministerio Público en la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/11/1841/2020.
A los agentes responsables se les impuso ofrecer una disculpa pública, lo cual se realizó en la citada audiencia, y posteriormente cumplir con una serie de garantías para la tutela efectiva de los derechos de las víctimas, como lo establece el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Las medidas contra los responsables fueron la prohibición de acercarse a las víctimas y portar armas, radicar en un lugar determinado, firmar periódicamente y asistir a cursos en materia de Derechos Humanos que imparta la Comisión Estatal.
La asesoría pública y privada de las víctimas se opusieron a la resolución judicial, debido a que permanecen amparos pendientes por resolver contra los dictámenes de reparación del daño dictados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO).
La impartidora de justicia dejó en claro a las víctimas que la cuestión administrativa que se mantiene activa es ajena al proceso penal, además de quedar a salvo los derechos de las víctimas para reclamar la afectación por cualquier otra vía.
Las integrantes del Comité de Víctimas del 9N manifestaron su inconformidad por la determinación judicial, abandonaron los juzgados orales y adelantaron que impugnarán el citado fallo.
En otra batalla legal emprendida por 11 de las 13 víctimas reconocidas han obtenido sentencias favorables de amparo contra resoluciones del CEAVEQROO dictadas el 15 de junio de 2021, que les concedieron una reparación promedio de 100 mil pesos para cada una de las víctimas.
pero los dictámenes reparatorios fueron apelados mediante juicios de amparo hasta que después de 18 meses, las sentencias lograron derrumbar las resoluciones y ordenaron elaborar nuevos dictámenes. La batalla legal fue emprendida por las víctimas identificadas como Wendy A. G. H., María E. G. O., Julián F. R. O., Alan R. I. M., Sergio A. B. R., Anette M. H. C., Reyna C. S. M., Naomi Q. R. D., Roberto A. B. G. y la víctima indirecta Fiona Y. F. F., además otra víctima no identificada.
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