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CHETUMAL, Q. ROO.- Los inversionistas, dueños y representantes legales de las escuelas particulares de los niveles preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y de educación superior respondieron a la convocatoria estatal para certificar su infraestructura y ofrecer seguridad a los alumnos.
Esto, como parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo en el sector educativo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.
En la capital del estado 78 representantes de aproximadamente 160 escuelas de este segmento acudieron al llamado del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo) para recibir información de los beneficios de este programa e iniciar con sus trámites para la certificación de los planteles, como marcan las leyes federales y de la entidad en materia de seguridad estructural en los colegios.
Así, se suman a los poco más de 200 planteles, de un total de 400, que en la zona norte del estado también han realizado sus trámites y abrieron planteles para comenzar con la revisión y certificación de sus estructuras.
“En total es aproximadamente el 50 por ciento de las 560 escuelas particulares con registro ante la autoridad de Quintana Roo las que ya han respondido y tienen sus primeros pasos en este programa de certificación”, informó el titular del Ifeqroo, José Rafael Lara Diaz.
Explico que se trata de un programa en que el personal del Ifeqroo, arquitectos ingenieros y especialistas en estructuras revisan los edificios en donde los alumnos reciben sus clases, y de esta manera poder garantizar que son espacios sin riesgo alguno.
Después de la revisión, y en caso de contar con instalaciones dentro de la norma federal y estatal, el Ifeqroo otorgará una certificación que puede equipararse a las normas “ISO”, del organismo internacional de estandarización, por sus siglas en inglés, y garantiza que los servicios y procesos que realiza una empresa de gestión de servicios son realizados bajo unas condiciones de buenas prácticas, garantizando un nivel alto de calidad en los mismos.
En caso de un resultado adverso en la revisión estructural, los especialistas realizarán las observaciones necesarias y se otorgará un plazo de hasta cinco meses para realizar lo necesario y solventar las deficiencias en los edificios, sin tener algún riesgo de sanción para los colegios o sus propietarios, dijo el funcionario estatal.
Los trabajos de certificación de parte del personal tienen un costo que varía dependiendo del nivel educativo y de las dimensiones del plantel, sin embargo, es una inversión bien retribuida a los empresarios, si se toma en cuenta que se trata de un trámite que le dará un plus a cada colegio que reciba el documento garantía de mayor seguridad a quien ahí estudia, da clases o realiza trabajos administrativos, dijo Lara Diaz.
El titular del Ifeqroo añadió que la convocatoria hecha por la gobernadora Mara Lezama Espinosa ha tenido aceptable respuesta entre los propietarios de escuelas particulares.
