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PUERTO MORELOS, Q. ROO.- La justicia federal lleva 11 requerimientos al Ayuntamiento de Puerto Morelos, encabezado por la alcaldesa Blanca Merari Tziu Muñoz, para que subsane la omisión de incluir la participación ciudadana en la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del Centro de Población 2020-2030.
La presión legal ha sido directa sobre el síndico municipal, Alberto Arelle Sergent, por parte del Juzgado Octavo de Distrito de Quintana Roo, a partir de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desde hace ocho meses encontró serias irregularidades en el documento rector del desarrollo urbano del municipio.
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Entre ellas, fueron excluidas del diseño del documento la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos y la Universidad Nacional Autónoma de México.
Si bien en la etapa inicial las autoridades cumplieron con el requisito de convocar a una consulta pública, dicho requisito se pasó por alto en las etapas restantes, pues no se entregó el documento en tiempo y forma ni se puso a disposición de las personas toda la información de manera comprensible, de fácil acceso y útil para la toma de decisiones.
Lo que hizo el gobierno municipal fue publicar el Plan en la página de internet de la gaceta oficial, pero sin dar una mayor explicación. Previamente, se realizó una consulta ciudadana a la que únicamente asistieron 33 personas de una población total de 26 mil 921 habitantes.
Aquel procedimiento se dio en un momento en que estaba vigente el semáforo epidemiológico en color naranja (con riesgo epidémico alto, de marzo a octubre de 2020) durante la emergencia sanitaria del Covid-19 en Quintana Roo.
A decir de los ministros, no se facilitó el acceso a la información necesaria para participar en el proceso de toma de decisiones, ya que se optó por realizarlas en forma presencial en un momento en que prevalecía un riesgo epidemiológico alto, lo que impidió a la población participar activamente.
El asunto fue resuelto el 25 de octubre de 2023 por mayoría de votos de la Primera Sala del máximo tribunal, donde estuvieron a favor los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutierrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Desde que se emitió la sentencia del máximo tribunal, se han dado una serie de requerimientos de cumplimiento al ayuntamiento portomorelense, el 18 de enero, 19 y 20 de febrero, 7, 15 y 23 de marzo, 12 y 24 de abril, 21 y 27 de mayo, y 13 y 28 de junio del presente año.
El antepenúltimo llamamiento legal fue dirigido también al Cabildo, pero junto con el Ayuntamiento se rehusaron a recibir los oficios, según lo anotado en el amparo.
Respecto al avance del fallo, se ordenó dejar sin validez legal el PDU, lo cual se cumplió durante la XXXI Sesión Extraordinaria del Cabildo, con una votación de ocho votos a favor y uno en contra, el 22 de abril pasado.
La resolución instruyó también a elaborar el documento bajo el procedimiento contemplado en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo.
Al respecto, el gobierno municipal emitió un aviso público del inicio del proceso de planeación generado por el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y la organización de cinco talleres de Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial.
La Corte determinó que la consulta ciudadana debe garantizar el acceso a la información de forma oportuna, clara y comprensible, y asegurar la participación en la elaboración y aprobación de la población local.
Igualmente, la participación de los diferentes intereses, promover el aprendizaje entre las partes involucradas y valorar el conocimiento local, e implementar acciones específicas para garantizar la participación de personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad o tradicionalmente representados en la toma de decisiones. Hasta la fecha, todo esto sigue sin cumplirse.
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