Un desfile burocrático con testigo incluido
Parece que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) ha decidido que despedir a cientos de juzgadores federales no era suficiente diversión, y ahora quiere organizar una reunión masiva que tiene toda la pinta de una jornada de supervivencia administrativa. En un alarde de eficiencia que nos deja a todos boquiabiertos, ha informado que el pago de la liquidación a estos profesionales del derecho, cesados gracias a la maravillosa reforma judicial, tendrá lugar el 10 de diciembre. Porque, ¿qué mejor manera de celebrar las fiestas que haciendo cola interminable para cobrar lo que por ley te corresponde?
Pero la genialidad no termina ahí. Para recibir su indemnización, los jueces y magistrados federales deberán presentarse personalmente en la sede del OAJ en la avenida Revolución de Ciudad de México, acompañados de un testigo. Sí, ha leído bien: necesitan un acompañante, como si fueran a contraer matrimonio o a recoger un paquete certificado de alto riesgo. Uno se pregunta si el testigo debe llevar traje de gala o si bastará con que jure solemnemente que el juez en cuestión es quien dice ser y no un impostor ávido de liquidaciones ajenas.
La logística del absurdo
Los cesados, que hasta hace unos días no sabían si iban a cobrar su compensación económica, ahora se enfrentan a nuevas e ingeniosas dudas. La primera: ¿por qué reunir a cientos de exjuzgadores en un mismo lugar? Porque, claro, después de años de haber tomado decisiones que seguramente enfadaron a más de uno, juntarlos a todos en un solo edificio parece una idea brillantísima desde el punto de vista de la seguridad. La jueza en retiro Marlen Ángeles lo expresa con esa ironía involuntaria que da la experiencia: “En algún momento de nuestra carrera judicial, todos fuimos amenazados. ¿Cómo nos van a juntar a todos? ¿Nos van a ofrecer seguridad?”. Qué detalle tan conmovedor, preocuparse por si alguien decide cobrarse una deuda pendiente en pleno trámite burocrático.
Y luego está el detalle del testigo “indispensable”, según el OAJ. Porque obviamente, después de décadas de servicio, un juez federal no tiene suficiente credibilidad por sí mismo. Necesita a alguien que avale su identidad, preferiblemente alguien dispuesto a viajar desde estados como Sinaloa, Sonora o Quintana Roo, a más de 1.000 kilómetros de la capital. Porque qué mejor forma de agradecer años de servicio que imponiendo gastos de transporte y hospedaje adicionales para cobrar lo que ya debería estar en tu cuenta. “Hay otras formas más fáciles de que nos paguen”, concluye la jueza Ángeles, demostrando una capacidad de subestimación digna de elogio.
La protesta como plan B
Mientras tanto, los criterios de antigüedad y salario que utilizarán para calcular la indemnización siguen siendo un misterio tan bien guardado como la fórmula de la Coca-Cola. El artículo décimo transitorio de la reforma judicial promete un importe equivalente a tres meses de salario integrado más veinte días de salario por cada año de servicio, pero uno sospecha que los detalles los estarán decidiendo sobre la marcha, quizás con una ruleta o un par de dados.
Ante este panorama tan lleno de certidumbre y transparencia, los juzgadores cesados mantienen su protesta para el miércoles. Porque cuando la lógica brilla por su ausencia, qué mejor que salir a la calle a recordarles que, aunque cesados, todavía tienen voz. Después de todo, el 1 de septiembre tomaron posesión 800 nuevos juzgadores federales, electos en junio, mientras los anteriores salían por la puerta de atrás de la carrera judicial. Y ahora, meses después, el proceso de indemnización se convierte en una especie de ritual iniciático donde la paciencia y la capacidad para sortener obstáculos absurdos son las verdaderas pruebas a superar.
¿No sería más sencillo hacer una transferencia electrónica? Quizás la tecnología bancaria es demasiado moderna para la administración judicial, o tal vez hay que justificar de alguna manera el edificio de la avenida Revolución. Entre el riesgo de seguridad, los costos de traslado y la logística kafkiana, uno casi espera que al final entreguen la liquidación en monedas de oro dentro de cofres con tres cerraduras diferentes.
Mientras los exjueces se preparan para su gran día del 10 de diciembre -una cita que promete desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde- no podemos evitar maravillarnos ante el espectáculo burocrático que se avecina. Cientos de profesionales del derecho formando fila con sus testigos, probablemente preguntándose en qué momento su carrera judicial se convirtió en una comedia absurda. Y eso, queridos lectores, es lo que llamamos justicia poética, o quizás simplemente poesía administrativa.
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