Un caso que se niega a pasar al archivo muerto
Parece que a la justicia mexicana le encantan los comebacks, como esos artistas que intentan relanzar su carrera con un TikTok. A 31 años del magnicidio que le partió el corazón al país, el caso Colosio ha vuelto a los tribunales con toda la fuerza de un drama de streaming que nadie pidió, pero todos vamos a tener que ver. El protagonista de esta temporada de True Crime: México es Jorge Antonio Sánchez Ortega, un ex agente del CISEN que fue recapturado y a quien la Fiscalía General de la República (FGR) le ha asignado el rol de segundo tirador. Un fin de semana cualquiera, un juez federal decidió que pasar tres décadas en el anonimato era suficiente y le dictó auto de formal prisión por su probable participación en el homicidio calificado del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. El guion ya lo conocemos: 23 de marzo de 1994, Lomas Taurinas, Tijuana, y un país que se quedó sin aire.
La reapertura de este expediente histórico tiene más capas que un meme de Shrek. Por un lado, está el drama político y, por el otro, la incómoda sensación de que estamos viendo un reboot de baja calidad. El abogado constitucionalista Pablo Andrei Zamudio Díaz lo ve claro: esta movida le permite al gobierno federal sostener la narrativa de que la justicia sí llega, aunque lo haga con la puntualidad de un trámite burocrático y los hechos estén tan desdibujados como una foto de los noventa. En una entrevista que no tiene desperdicio, el experto soltó la bomba: “El problema real es que la justicia actual sigue sin operar”. Y no le falta razón. Es como si, en plena era del metaverso y la inteligencia artificial, nuestro sistema judicial aún estuviera intentando conectar a internet con un módem de dial-up.
La teoría del segundo tirador: un fantasma que no deja de aparecer
La FGR, bajo el mando del fiscal Alejandro Gertz Manero, ha desempolvado la teoría del segundo tirador, un argumento que ha tenido más resurrecciones que un personaje de telenovela. Desde 1994, este planteamiento ha sido desechado, recuperado y vuelto a desechar, generando más controversia que un final de serie en Netflix. Lo más preocupante de este déjà vu judicial es que, según los expertos, no hay evidencia técnica nueva, ni peritajes recientes que justifiquen desenterrar un expediente que lleva décadas debilitado por irregularidades, omisiones y esos silencios oficiales que hablan más alto que cualquier declaración.
Zamudio Díaz lanza una advertencia que debería ponernos los pelos de punta a todos: esta decisión refleja una tendencia institucional preocupante. Mientras la justicia histórica avanza a paso de tortuga (pero avanza), la justicia del presente parece atascada en el tráfico de la burocracia y la ineficacia. El constitucionalista incluso se permitió una ironía digna de los mejores hilos en X (antes Twitter): “Con decisiones como esta, no sería extraño que pronto se hable de ‘nuevas pistas’ incluso en crímenes de hace un siglo, bajo el pretexto de haber encontrado a otro involucrado —como en aquella emboscada del 20 de julio de 1923, cuando fue asesinado Francisco Villa por varios hombres armados—”. Básicamente, nos está diciendo que preparemos las palomitas, porque podrían reabrir cualquier caso histórico, desde la Conquista para arriba.
Este revival del crimen político más emblemático de la historia reciente de México nos deja con un sabor agridulce. Por un lado, existe una esperanza latente de que, finalmente, se haga justicia por el asesinato que cambió el rumbo del país. Por el otro, la sospecha de que todo esto es una cortina de humo para ocultar la incapacidad de resolver los crímenes de hoy. Es el equivalente jurídico a que tus papás sigan hablando de esa vez que te portaste mal en kínder, mientras ignoran los problemas que tienes hoy en la universidad. La impunidad del pasado y la del presente son dos caras de la misma moneda, una moneda que, al parecer, sigue sin caer.
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