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Modernización de la Contraloría a través de la incorporación de 10 nuevos sistemas digitales
Monterrey, Nuevo León.- A dos años de Gobierno y para generar credibilidad y confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado, el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Contraloría y Transparencia Gubernamental emprendió acciones que rigen la conducta de quienes trabajan para la administración, buscando prevenir hechos de corrupción.
Para fortalecer la Cultura, Ética y Legalidad el pasado 22 de septiembre de 2023, la Contraloría y Transparencia Gubernamental publicó el nuevo Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, el cual tiene como objetivo establecer los principios rectores del servicio público, los valores y las reglas de integridad que son obligatorias para todas las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.
Contiene disposiciones innovadoras como: el respeto a los derechos humanos como principio y eje rector del servicio público, actuar con perspectiva de género, manejo en redes sociales, imagen institucional, lenguaje incluyente y evitar conductas como acoso y hostigamiento sexual, laboral y discriminación entre otros.
Con el compromiso de la Contraloría y las empresas para con la sociedad civil en materia de integridad, se firmó un Acuerdo por la Ética y la Legalidad Nuevo León 2023-2027, con las siguientes cámaras empresariales: CANACO SERVYTUR, CAINTRA, COPARMEX, CANADEVI, CAPROBI, INDEX, CONSEJO NUEVO LEÓN, y HAGÁMOSLO BIEN.
Con la finalidad de orientar a las empresas afiliadas, especialmente las proveedoras de gobierno, en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en sus organizaciones, creando una mesa multiactor con el objetivo de elaborar la ruta crítica que incluya la definición de líneas de acción e indicadores; así como la conformación de un Comité Técnico para el seguimiento y evaluación del acuerdo, estableciendo para ello un programa anual de trabajo.
Para impulsar la denuncia se implementó el Chatbot TEO, el cual es un nuevo canal de denuncia rápido y accesible, mediante el uso de la inteligencia artificial se incorpora un asistente virtual que de forma gratuita da orientación y recaba denuncias cumpliendo con las formalidades y elementos de prueba necesarios en materia de corrupción permitiendo a la ciudadanía denunciar de forma intuitiva y amigable por medio del webchat instalado en la página oficial de la Contraloría; obtenido gracias al convenio de colaboración firmado con la organización civil Tojil.
En esa misma línea de acción, la Contraloría dio inicio al programa de “Denuncia Móvil” con 6 unidades que cuentan con personal especializado de la Unidad Anticorrupción para facilitar al ciudadano el hacer su denuncia cuando se haya presentado alguna falta administrativa o hecho de corrupción en tiempo real, sin tener que trasladarse a ninguna dependencia a presentar su denuncia. Esta asesoría o apoyo permitirá que las denuncias contengan circunstancias de modo, tiempo y lugar para que estén más completas y el ciudadano pueda obtener resultados positivos de la misma. Las unidades móviles son itinerantes y se ubicarán de manera aleatoria en aquellas dependencias en donde el ciudadano hace más trámites y obtiene servicios.
Con el objetivo de disminuir y erradicar los posibles actos de corrupción en los trámites y servicios, la Contraloría en colaboración con el Consejo Nuevo León, se sumó al Reto Público Anticipando Riesgos de Corrupción, en el que 17 dependencias que concentran el 70% de los trámites y servicios hicieron un autodiagnóstico con el objetivo de elaborar a la medida de cada una un Plan de Mitigación de Riesgos de Corrupción a la medida, para prevenir actos de corrupción y faltas administrativas.
Para prevenir y erradicar la corrupción y las malas prácticas en la obra pública, la Contraloría establece una herramienta más en el combate a la corrupción.
Con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública, se inauguró el primer laboratorio de obra pública en el Estado, el cual cuenta con tecnología de vanguardia y personal técnico certificado que facilitará las labores de fiscalización en las obras públicas y verificará en tiempo real el avance de la obra y que ésta se realice conforme al proyecto ejecutivo, especificaciones y el contrato, así como la calidad de los materiales utilizados, para prevenir oportunamente cualquier incumplimiento o desviación del proveedor y propiciar la eficiencia, economía, eficacia y transparencia en el ejercicio del gasto público.
La participación ciudadana forma parte activa del trabajo de la Contraloría, fomentando la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la prevención y combate a la corrupción y para ello ha promovido la figura de los Testigos Sociales que son personas de la sociedad civil que participan vigilando con derecho a voz los procedimientos de contratación de bienes y servicios, desde la junta de aclaraciones hasta el fallo definitivo, al final de su participación emiten un testimonio público, que incluye de manera cronológica y narrativa la totalidad de los actos ocurridos durante la licitación y en caso de existir irregularidades hacerlo del conocimiento de la Contraloría para que inicie las procedimientos de responsabilidad. Este año se incorporaron 34 nuevos Testigos Sociales, triplicando la cifra a 97 ciudadanos acreditados para supervisar los procesos de licitación.
Para fortalecer esta figura, se diseñó el programa “Gobernanza en Acción” que contempla acciones que van desde la credencialización, hasta la emisión del Manual Integral y el Protocolo de designación de Testigos Sociales para dependencias y organismos.
Para construir un Nuevo León más eficiente, transparente y fomentar el gobierno abierto y la transparencia proactiva, la Contraloría puso en marcha una profunda transformación tecnológica que facilitará el acceso a la información a la ciudadanía, así como digitalizar las actuaciones en materia de auditorías, investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa y asegurar la trazabilidad y fiabilidad de los autos que integran la totalidad de los expedientes electrónicos.
Para ello se inició el desarrollo del Sistema de Control Auditoría (SCA), un programa diseñado para gestionar y supervisar las actividades de auditoría, permitiendo la fiscalización por medios electrónicos de inicio a fin, lo que permitirá verificar sus avances, estadísticas e indicadores en tiempo real y de manera remota, con el objetivo de garantizar una fiscalización más veraz y una toma de decisiones puntual.
Además, el desarrollo del Sistema de Administración de Expedientes (SEA), el cual servirá para conocer los avances y conclusiones de las denuncias presentadas y su envió a la Unidad Substanciadora, para el seguimiento de los procedimientos de responsabilidad administrativa.
En atención a que el Sistema Estatal de Transparencia (SIET), es una plataforma obsoleta con problemas de interfaz y poco amigable, la Contraloría diseñó una plataforma que permitirá la carga, validación, evaluación y comunicación de la información en materia de transparencia de todos los sujetos obligados de la administración pública estatal, poniendo a disposición de la ciudadanía información de manera más amigable, intuitiva e inclusiva. Estas acciones para fortalecer el control interno y contribuir a la eficacia de la gestión gubernamental.
Este proceso de modernización sin precedentes incluye la firma de un Convenio de Colaboración con la Secretaría de la Función Pública para la transferencia de seis valiosos sistemas: Sistema Integral de Evolución Patrimonial (SIEP); Sistema de Omisos y Extemporáneos en la Presentación de la Declaración de Situación Patrimonial (OMEXT), Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas (SIRA); Sistema de seguimiento a los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI); Sistema de Control Interno (SICOIN); y Sistema de Comités de Control y Desempeño Institucional (SICOCODI).
En el rubro de fiscalización y uso de los recursos públicos, la Contraloría concluyó en el último año 125 auditorías, en los rubros de ejecución de obra pública, programas sociales, contrataciones públicas, recursos federales recibidos por convenio, entre otros; emitiéndose acciones preventivas y correctivas; y las observaciones no solventadas turnadas a la Unidad Anticorrupción.
Por primera vez en la historia se determinaron por la Unidad Anticorrupción 83 faltas administrativas graves, en este último año 42, las cuales se turnan a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, la que a la fecha ha emitido seis sentencias condenatorias contra servidores públicos y particulares, cinco sanciones con inhabilitación a ex servidores públicos de primer nivel; dos por abuso de funciones y tres por conflicto de interés y una por soborno a un particular.
La Contraloría a través de las autoridades substanciadoras aplicó 217 sanciones por faltas administrativas no graves; que van desde la amonestación pública y privada hasta la suspensión e inhabilitación, a servidores y ex servidores públicos.
