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Ley de Bienes, reformas a la Ley Municipal y a la Constitución facilitan mejorar la administración pública
Reducir la integración de magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa, y que en el Poder Judicial no puedan desempeñar ningún otro cargo o empleo público.
Tepic, Nayarit
Para las y los diputados integrantes de la 33 Legislatura ha sido prioritario trabajar en acciones parlamentarias orientadas a mejorar la transparencia en la administración pública y la optimización de sus recursos, por ello votaron a favor de diversas reformas constitucionales, decretos y leyes que se encuentran vigentes para hacerlas efectivas.
En materia de transparencia, aprobaron la Ley de Bienes para el Estado de Nayarit, nuevo ordenamiento con 113 artículos que permite la protección y conocimiento de los inmuebles con los que cuenta la administración pública estatal y municipal; garantizando que los bienes dejen de otorgarse a particulares o empresas privadas sin ninguna regulación.
Una más de las reformas aprobadas son a los artículos 218 y 221 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, las cuales obligan a los 20 ayuntamientos de la entidad que emitan multas justas; sin ser excesivas y calificadas bajo un reglamento establecido.
También las y los legisladores resolvieron el acuerdo para pedirles a los 20 municipios que prevengan y vigilen el funcionamiento y organización interna de los panteones, ello para dar certeza jurídica a quienes adquieran un espacio en los cementerios y no sean víctimas de ventas fraudulentas.
En el mismo tema de la transparencia en la administración pública, se reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 12, el cual establece que las y los diputados tienen la obligación de emitir un informe anual sobre sus labores legislativas, de fiscalización y de gestión social.
En lo que compete a la optimización de recursos en la administración pública, las y los diputados resolvieron en el segundo año legislativo reformas a la Constitución local para reducir la integración de magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa, y que en el Poder Judicial los magistrados, jueces, secretarios y consejeros de la judicatura no pueden desempeñar ningún otro cargo o empleo público.
