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En lo que parece ser un acto más de corrupción, elementos de Protección Civil y agentes de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Tepic pretendieron extorsionar al personal de una gasolinera ubicada en la esquina de las calles Prisciliano Sánchez y Morelos en el Centro Histórico de la capital nayarita.
El abogado Alejandro Casillas Hidalgo, representante de la empresa Rendichicas (compañía afectada por el hecho), explicó que la tarde del jueves arribaron hasta el establecimiento un grupo de elementos de Protección Civil del municipio de Tepic acompañados por agentes de Seguridad Pública y Vialidad.
En declaraciones al diario local Meridiano de Nayarit precisó que el objetivo del personal municipal era clausurar el establecimiento por no pagar la multa de 207 mil 440 pesos.
El representante legal detalló que fue el día 3 noviembre cuando por casualidad un fiscal que labora para el ayuntamiento de Tepic observó que en una de las bombas del establecimiento en mención, el chofer de una combi del transporte público cargaba combustible con un acompañante a bordo de la unidad.
“Y dicho por la autoridad municipal el acompañante era un usuario y el llenado de combustible para el transporte público con usuarios a bordo está prohibido, así lo marca el Artículo 75 Fracción 2 del reglamento de Protección Civil del municipio de Tepic, por ello que bajo ese fundamento, los fiscales del ayuntamiento de Tepic procedieron a la clausurar el dispensario total”, explicó.
“Nosotros comentamos con la autoridad municipal que nos clausuró en ese momento, que sólo se debía de aplicar la sanción a la bomba que hizo el llenado de combustible, a pesar de ello se clausuró en su totalidad el dispensario, es decir se clausuraron las 4 mangueras de ambos lados de ese dispensario”, aseguró.
Casillas Hidalgo, precisó que ellos no se opusieron a la infracción, pero dio a conocer que ahora que ahora el ayuntamiento de Tepic pretende cobrarles 207 mil 440 pesos por reabrir el dispensario clausurado.
“La multa es excesiva y por eso fue que decidimos impugnar y la impugnación se encuentra en trámite en Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Nayarit. Nosotros estamos solicitando la suspensión de la infracción para el retiro de los sellos correspondientes mediante el pago de la garantía que en derecho proceda, pero no estamos dispuestos a pagar los 207 mil 440 pesos”, expresó.
Finalmente el entrevistado refirió que la víspera, poco antes de las 17:00 horas, arribaron a la gasolinera elementos de Protección Civil municipal y agentes Seguridad Pública y Vialidad para clausurar el establecimiento.
“Pero la autoridad municipal llegó sin ningún mandamiento judicial, llegaron sin documento alguno, sólo nos informaron de viva voz que al no pagar la multa de los 207 mil 440 pesos dentro de los 5 días siguientes después de la emisión de la resolución, lo consecuente era aplicar una clausura total y creemos que este tipo de acciones no son justas ni favorecen a la ciudadanía, pero además generamos fuentes de empleos para decenas de mujeres”, sentenció.
Corrupción al acecho
La corrupción por parte de autoridades estatales, municipales y federales es un delito grave que ha aumentado en los últimos años contra las micro y pequeñas empresas (Pymes) a nivel nacional, lo que limita sus relaciones comerciales, su competencia, su disminución de gastos y pone el peligro el crecimiento y la expansión de sus negocios.
Si bien las autoridades y gobiernos locales son los proveedores de seguridad para las empresas, una encuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló que 40 por ciento de los negocios han experimentado delitos de corrupción de las autoridades, un incremento de 6.4 por ciento respecto a 2020 y la cifra más alta desde 2019.
Para el estudio se entrevistó a dos mil 471 empresas, entre marzo y mayo de este 2022 y de los cuales el 39 por ciento aseguró haber experimentado un acto de corrupción por parte de algún servidor público para realizar, agilizar o evitar algún trámite o multa o pago a cambio de un beneficio.
De las compañías que indicaron haber sufrido algún acto de corrupción, el 69 por ciento fue por acciones relacionadas con la agilización de algún trámite, 39 por ciento para evitar multas, sanciones, y clausuras, y 36 por ciento para obtener licencias y permisos.
Cabe mencionar que la Coparmex también informó este año que algunas empresas han llegado a pagar hasta 300 mil pesos al año o a destinar el 33 por ciento de sus ingresos a las autoridades estatales, municipales y federales por corrupción.
Mientras tanto, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2022 del Inegi, señaló que 34 mil 919 unidades económicas entrevistadas, también consideraron que la corrupción por parte del gobierno, sigue poniendo trabas al sector empresarial para realizar de manera eficiente sus actividades.
